El órgano parlamentario encargado de las acusaciones constitucionales dio luz verde a la propuesta que busca apartar durante una década del servicio público al exmandatario Pedro Castillo, la exjefa del gabinete ministerial Betssy Chávez (actualmente refugiada en la embajada de México) y al exresponsable de la cartera del Interior Willy Huerta, debido a los acontecimientos del intento de ruptura del orden constitucional.
La votación resultó mayoritaria con el respaldo de diez legisladores: Lady Camones, Jorge Montoya, Ana Zegarra, Karol Paredes, Arturo Alegría, Martha Moyano, Patricia Juárez, María Acuña, Patricia Chirinos (quien expresó algunas observaciones) y Elvis Vergara.
La oposición a esta medida provino de tres parlamentarios del bloque progresista: Elías Varas, María Taipe y Pasión Dávila.
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A lo largo de las deliberaciones, representantes de las agrupaciones progresistas buscaron respaldar al exgobernante. Sostuvieron que la medida disciplinaria constituiría una «venganza» de carácter político. Además, introdujeron temas no relacionados con la acusación en cuestión, incluyendo la presunta irregularidad en el proceso de vacancia y arresto del exjefe de Estado.
Frente a estos planteamientos, quien lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), respaldó las acciones realizadas por el equipo que dirige. La parlamentaria rechazó las afirmaciones sobre una presunta cacería política y rebatió las inexactitudes presentadas por los legisladores del sector progresista. Aclaró además que el procedimiento legislativo de juicio político opera de manera autónoma respecto al trámite judicial.
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El documento definitivo plantea además archivar la acusación constitucional dirigida al parlamentario y exresponsable de la cartera de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, determinando no aplicarle restricciones para ejercer cargos públicos.
El fundamento para no proceder con la acusación radica en que el tribunal supremo, a través de su Sala Penal Permanente, lo apartó del procedimiento judicial relacionado con el intento golpista tras aceptar su solicitud de improcedencia. Los magistrados del máximo tribunal determinaron que las acciones atribuidas a Sánchez, según la descripción fiscal, no se ajustan a la figura legal de rebelión.
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De esta manera, Roberto Sánchez mantiene la posibilidad de competir por el cargo presidencial representando a la agrupación Juntos por el Perú.
Foto Andina