BUENOS AIRES (Argentina).- Las comunidades mapuches Kinxikew y Melo, que viven en los alrededores de Villa La Angostura en la patagónica provincia argentina de Neuquén, enfrentan hoy una orden de desalojo a la que sus miembros se resisten.
La Confederación Mapuche de Neuquén afirmó que las autoridades de esos pequeños asentamientos decidieron resistir y permanecer en sus territorios ante el emplazamiento de la justicia provincial de expulsarlos de sus tierras, señala hoy el diario La Nación.
Ese medio añade que la notificación del desalojo llegó el viernes pasado y las comunidades mapuches tienen cinco días hábiles para abandonar el lugar. De lo contrario, el desalojo se concretará a la fuerza el próximo lunes.
“Las comunidades Kinxikew (Quintriqueo) y Melo vienen siendo amenazadas y amedrentadas por el poder judicial de Neuquén desde hace 14 años. Ambas comparten y resguardan con plena identidad el territorio amenazado actualmente, desde hace más de 100 años”, comunicaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén.
Sus miembros están en estado de alerta permanente y resistirán junto a otras organizaciones cercanas “cualquier intento de desalojo”, añade el comunicado.
Esa organización asegura que los jefes de Kinxikew que está asentada en Paso Coihue tienen la carpeta técnica de relevamiento territorial con la firma del gobierno provincial y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por lo que consideran el inminente desalojo como “una clara violación a los derechos constitucionales”.
La Nación reseña que el lugar del conflicto se conoce como Lote 42, pertenece a Parques Nacionales y está en la zona de Paso Coihue, al sur de la provincia de Neuquén.
Ambas comunidades mapuche (la lof Melo se ubica en El Pedregoso, muy cerca de Paso Coihue) forman parte del Consejo Intercultural de Comanejo del Parque Nacional Nahuel Huapi, añade el periódico.
El conflicto comenzó a fines del 2011, cuando María Cristina Broers denunció a las personas que ingresaron en su lote, ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.
En estos años diversos jueces ordenaron desalojar el predio en cinco oportunidades. Sin embargo, la medida fue suspendida porque estaba en marcha el relevamiento territorial previsto en la Ley 26160 de comunidades indígenas. Esa norma, que suspendía los desalojos de las comunidades, fue derogada en diciembre del 2024.
El abogado defensor Luis Virgilio Sánchez presentó un recurso de reposición y apelación subsidiaria buscando frenar la orden judicial, argumentando que se omitió la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño.
Si bien el caso está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia, las comunidades recibieron la notificación de desalojo y se mantienen en estado de alerta.
Fuente y foto Prensa Latina