La Corte Penal Nacional sentenció a los integrantes de las dos patrullas militares que participaron en la masacre de Cayara, en Ayacucho. Marco Antonio Llontop Jesús, jefe de la patrulla Grass; y Luis Alberto Castañeda Marín, que lideró la patrulla Huayacán, pasarán 15 años en prisión; mientras que 16 soldados que formaron parte de dichos batallones estarán 8 años en la cárcel.
Todos ellos fueron condenados por unanimidad como autores directos del delito de homicidio calificado de los comuneros cometido el 14 de mayo de 1988, como parte del plan operativo llamado “Persecución” para “capturar o eliminar” a los terroristas que un día antes atentaron contra un convoy militar en la zona de Erusco, en el que dejaron cuatro efectivos muertos.
Según los jueces, los pobladores del distrito de Cayara fueron asesinados por el personal militar de ambas patrullas en el marco de dicho plan operativo, elaborado por el estado mayor de la Segunda División del Ejército, con sede en Huamanga, liderado por el entonces jefe político militar de Ayacucho, José Rolando Valdivia Dueñas, quien fue sindicado como autor mediato de las ejecuciones extrajudiciales.
La sala no se pronunció sobre Valdivia por ser reo contumaz, y estar prófugo desde diciembre del 2021, cuando fue condenado a 12 años de prisión por su participación en los secuestros de políticos, y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe del 5 de abril de 1992. También se reservó el fallo sobre otros dos procesados que tenían la calidad de reos contumaces y cinco acusados ausentes, quienes nunca se presentaron al juicio.
Los jueces valoraron los testimonios de los familiares de las víctimas y de los mismos acusados, algunos de los cuales confirmaron las muertes. El primero en ser ejecutado fue Máximo Asto Palomino, a quien los militares encontraron en la entrada de Cayara. Luego asesinaron a cinco pobladores que bebían licor y celebraban la culminación de la festividad de la Virgen de Fátima. Horas después, los militares fueron a Ccehua, donde seleccionaron a varones jóvenes y adultos, los obligaron a echarse en el piso boca abajo y caminaron sobre sus espaldas antes de matarlos. Al día siguiente, continuaron las muertes.
Algunos cadáveres fueron enterrados en la quebrada de Ccehua y otros fueron trasladadas a Hualla, sin embargo, al denunciarse públicamente las ejecuciones extrajudiciales, los militares se llevaron todos los cuerpos a las alturas de Hualla, donde los incineraron. Prueba de ello son las pericias que dan cuenta de la existencia de restos de piel, cabellos y fragmentos de huesos de cráneo hallados cerca de las fosas.
Exmilitares sentenciados por crímenes de lesa humanidad en Perú
— RT en Español (@ActualidadRT) August 12, 2023
Un alto tribunal peruano dictó sentencia condenatoria por el caso Cayara, contra exefectivos del Ejercito, como responsables de la matanza de casi 40 personas entre 1988 y 1989. pic.twitter.com/RURB25KY8g
Según los magistrados, está acreditada la posterior ejecución y desaparición de testigos que denunciaron los crímenes, entre ellos, el del alcalde de Cayara, Justiniano Tinco García; su secretaria, Fernandina Palomino Quispe; y el chofer que los conducía, Antonio García Taype, asesinados en diciembre de 1988.
Los familiares de los comuneros escucharon la sentencia en el Lugar de la Memoria, y luego fueron al local de Aprodeh, donde se reunieron con la abogada Gloria Cano, quien los acompañó en esta larga batalla judicial. Ellos esperan que se condene también al jefe político militar de Ayacucho, autor mediato de las ejecuciones. Dijeron que recién entonces obtendrán justicia.
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