La fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur se presentó hoy voluntariamente ante las autoridades judiciales, luego de que se emitiera una orden de ubicación y captura en su contra. La medida está vinculada al proceso judicial por presunto tráfico de influencias y cohecho relacionado con el caso del presentador Andrés Hurtado ‘Chibolín’.
De acuerdo con información del Poder Judicial, Peralta Santur participó en la audiencia de control de identidad en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, bajo la dirección del juez supremo Juan Carlos Checkley.
«La diligencia judicial se ejecuta luego de que Peralta Santur se entregara ante el despacho del referido magistrado, quien dictó una orden de captura nacional e internacional», señaló el Poder Judicial en sus redes sociales.
Verificación de identidad de la fiscal suspendida
En la audiencia de control de identidad, el magistrado realizó la verificación de la identidad de la fiscal suspendida y le comunicó los fundamentos legales que motivaron su detención.
El magistrado Checkley había ordenado la ubicación y captura nacional e internacional de Peralta Santur después de revocar su excarcelación, la cual había sido otorgada el 29 de octubre. Esta decisión se tomó tras una revisión de oficio de la prisión preventiva de 18 meses que pesa sobre ella en el marco de las investigaciones.
Por otro lado, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público comunicó hoy que ha establecido una nueva medida cautelar de apartamiento preventivo del cargo durante tres meses, debido a su desempeño como fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos.
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Nueva medida cautelar pendiente de notificación
«Esta medida de apartamiento se encuentra pendiente de ejecución, toda vez que la referida magistrada no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal, conforme a la naturaleza de la medida cautelar impuesta», indicó la ANC.
La fiscal suspendida enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, junto al exanimador televisivo Andrés Hurtado y el empresario Javier Miu Lei.
Los tres están siendo investigados por un presunto soborno que habría sido pagado para recuperar barras de oro que fueron incautadas por el Ministerio Público en 2020.
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