El representante de la fiscalía anticorrupción, José Domingo Pérez, informó que pedirá la comparecencia del burgomaestre limeño, Rafael López Aliaga, para que brinde testimonio en el proceso judicial contra la exalcaldesa de la capital, Susana Villarán, vinculado a las contribuciones económicas de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante 2013 y 2014.
El fiscal manifestó que resulta «necesario» escuchar la versión de Rafael López Aliaga, especialmente porque el actual alcalde presentó un documento pidiendo que el ente acusador tome determinadas acciones respecto a las casetas de cobro de la ciudad.
«Considero que también resulta necesario que participe como declarante en el juicio contra la señora Villarán. Existe una etapa denominada prueba nueva donde la fiscalía buscará obtener igualmente la declaración judicial del señor López Aliaga», expresó a RPP Noticias.
«Pediremos al tribunal que autorice la incorporación, como prueba nueva, del alcalde metropolitano. Él ha remitido un documento señalando que el Ministerio Público debe tomar determinadas acciones vinculadas a las casetas de peaje, relacionadas con la concesión otorgada a Rutas de Lima», precisó.
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Declaración clave para el proceso judicial
En tal sentido, Pérez Gómez destacó que el jefe edil capitalino «debe ser citado» ante los magistrados que llevan el caso contra Villarán de la Puente en su condición de testigo.
«Eso buscaremos apenas entremos a la etapa de presentación de prueba nueva. Esto debería ocurrir en aproximadamente quince días», resaltó el miembro del grupo especializado Lava Jato.
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Por último, José Domingo Pérez señaló que si la comuna limeña sostiene que el «perjuicio existe» respecto a esta concesión vial, entonces resultaría «conveniente» que los jueces también recibieran el testimonio del alcalde.
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«Me parece conveniente y valioso para el Ministerio Público. Entiendo que la procuraduría apoyará esta solicitud», manifestó.
La fiscalía confirmó su requerimiento de 29 años de cárcel contra la exburgomaestre Susana Villarán, además de 426 días de multa y siete años de prohibición para desempeñar funciones públicas.
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El ente acusador imputa a Susana Villarán de la Puente los presuntos ilícitos de organización criminal, blanqueo de capitales, colusión, declaración falsa en trámite administrativo y falsificación documental.
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