SANTIAGO DE CHILE.- Un juez especial chileno condenó hoy a un excoronel del Ejército y a dos antiguos dirigentes de la Colonia Dignidad por el secuestro, en 1975, de cincuenta opositores a la dictadura de Augusto Pinochet que fueron encerrados y torturados en ese enclave alemán en el sur del país austral.
Según informaron fuentes judiciales, el juez Jorge Zepeda, de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al coronel y exagente de la policía secreta de la dictadura Fernando Gómez Segovia, y a los dirigentes de la Colonia Dignidad Kurt Schenellenkamp Nelaimischkies y Gerhard Mücke Koschitze a cinco años de prisión.
No obstante, el magistrado concedió a los condenados el beneficio de la libertad vigilada, que les permitirá cumplir la sentencia fuera de la cárcel.
Schenellenkamp y Mücke fueron parte de la cúpula dirigente de la Colonia Dignidad y estrechos colaboradores del exsubficial nazi Paul Schäfer, quien fundó a comienzos de los años 60 el enclave, que fue descrito como “un Estado dentro de otro Estado” por el expresidente de Chile Patricio Aylwin.
El enclave, de 16.000 hectáreas, situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fue utilizado como campo de prisioneros, torturas y exterminio por la dictadura de Pinochet.
Schäfer murió en prisión el 2010 mientras cumplía una condena de 20 años de prisión por violación y abusos sexuales contra menores de edad y otra de siete años por infracción a la ley de armas y explosivos, tras el descubrimiento en el enclave de poderosos arsenales que incluían armamento pesado y antiaéreo.
Las cincuenta víctimas del caso eran habitantes de diversas localidades de la región del Maule detenidos por la Dina, la policía secreta de Pinochet, entre abril y junio de 1975, quienes fueron llevados a la Colonia Dignidad donde permanecieron atados de pies y manos, con la vista vendada y fueron sometidos a torturas por períodos que fluctuaron entre cuatro y noventa días.
La mayoría fueron posteriormente liberados en las cercanías de sus domicilios pero algunos fueron trasladados a campos de prisioneros en Santiago u otros puntos del país.
Las víctimas, señala el fallo, fueron privadas de libertad “sin existir orden de autoridad pública, basada en causa legal en contra de ellas y se ejecuta en aplicación de un plan de ataque directo a la vida, integridad física, libertad y dignidad de las personas y a la noción de humanidad misma”.
Lo anterior, señala, “en el contexto de persecuciones, torturas, desapariciones y otros tratos crueles e inhumanos en contra de un determinado grupo de la población, cuyos fundamentos fueron motivos políticos”.
En la parte civil, el juez condenó al Estado de Chile a pagar solidariamente con los victimarios, la suma de veinte millones de pesos (unos 30.000 dólares) a cada demandante o grupo de demandantes.