MÉXICO.- Pese a los esfuerzos de la mayoría de naciones para reducir el uso de la prisión preventiva, 36.3% de los reos de América Latina se encuentra en esta situación, alertó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La Comisión reconoce y valora los importantes esfuerzos realizados por los Estados para reducir el uso de la prisión preventiva, pero su utilización sigue siendo general y excesiva”, informó el organismo en un comunicado.
En el marco de su 164 periodo de sesiones, la CIDH presentó este jueves en Ciudad de México el “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas”.
De acuerdo con el estudio, en la región el promedio de personas en prisión preventiva constituye un 36.3% del total de la población penitenciaria, superando el 60% en algunos países.
“La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región”, señaló el organismo.
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La CIDH reconoció avances en la configuración de medidas para reducir el “uso abusivo” de la prisión preventiva y responder a la crisis penitenciaria que padece buena parte de la región. No obstante, denunció una “falta generalizada de voluntad política” para hacer efectiva la aplicación de dichas medidas.
“El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia”, dijo el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro.
Este informe da seguimiento al publicado en el 2013 y analiza los principales avances y desafíos en el uso de esta medida por parte de los Estados.
En particular, realiza un seguimiento a las recomendaciones relativas a políticas del Estado, la erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada o el uso de medidas alternativas, entre otros aspectos.
También incorpora una perspectiva de género y un enfoque diferenciado respecto de personas que pertenecen a diversos grupos en situación de riesgo, como afrodescendientes, indígenas o personas mayores.
Igualmente, hace recomendaciones dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva de acuerdo con estándares internacionales.
“Son muchas e importantes las ventajas de aplicar medidas alternativas para racionalizar el uso de la prisión preventiva y ajustar su uso a los estándares interamericanos e internacionales”, consideró Cavallaro.
Pero existen numerosos obstáculos para reducir dicho uso. Por ejemplo, a las autoridades judiciales que aplican medidas alternativas se les sanciona disciplinariamente, como medio de presión o castigo.
A ello se suma a una inadecuada defensa pública y la falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema judicial.
Asimismo, existe una tendencia en la región a proponer mayores niveles de encarcelamiento como respuesta a la violencia.
“Está demostrado que las políticas de mano dura no solamente son violatorias de los derechos humanos, sino que además resultan ineficaces para garantizar la seguridad ciudadana”, dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren (foto).
Este informe se acompaña de una guía práctica para reducir la prisión preventiva, dirigida a las autoridades encargadas de atender los desafíos inherentes a la reducción del uso excesivo de la medida.⊕