Fiscalía, Procuraduría, Poder Judicial, Defensoría y Minjus advirtieron al Congreso sobre riesgos de alterar colaboración eficaz. Las cinco instituciones especializadas alertaron que modificaciones a la colaboración eficaz obstaculizan la lucha contra la corrupción. El Congreso hizo caso omiso a los informes técnicos y respaldó la norma que garantiza impunidad en casos emblemáticos.
Bajo la excusa de “fortalecer” la colaboración eficaz, bancadas de derecha e izquierda aprobaron un texto sustitutorio que en la práctica es todo lo contrario. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley para “fortalecer” la colaboración eficaz —proceso especial donde un investigado admite la comisión de delitos y aporta pruebas para sancionar a otros implicados, a cambio de beneficios como reducción de pena— con una alta votación: 83 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.
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La norma aprobada, que ha sido observada en parte por el Poder Ejecutivo, fija un plazo de 8 meses —en un inicio el proyecto planteaba 4 meses— para que el fiscal a cargo acepte la solicitud del aspirante a colaborador eficaz, haga las corroboraciones pertinentes y pactar el acuerdo de beneficios. El texto plantea que dicho lapso de tiempo puede ser extendido por 4 meses por “razones justificadas” y 8 meses en casos en los que se investiga a una organización criminal.
De los 84 legisladores que votaron el pasado jueves 22 de junio a favor de limitar la colaboración eficaz, 33 registran investigaciones fiscales. Además, los líderes de sus bancadas son investigados por el Ministerio Público por diversos delitos.
El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, precisó que el Congreso ha hecho bien en regularizar los tiempos de la colaboración eficaz, pero no es suficiente. “Los invocamos a que tengan una segunda reflexión”, exhortó. La respuesta del Congreso fue elegir como presidente del Legislativo a Alejandro Soto, a quien cada semana le aparece una nueva denuncia de corrupción.
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