NACIONES UNIDAS – La incertidumbre económica, social y política dominó en 2025 en América Latina y el Caribe, y todo indica que proseguirá en 2026, por lo que todavía la región “no debe desabrocharse el cinturón de seguridad”, advirtió un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Esa incertidumbre, que “alcanzó máximos históricos” continuará en 2026, una situación impulsada por alianzas geopolíticas, normas comerciales cambiantes y un calendario electoral denso en la región, de acuerdo con el reporte.
Esas fuerzas están moldeando las perspectivas de desarrollo de forma desigual. Por ejemplo, algunos países se están beneficiando de precios más altos de las materias primas y de un renovado interés de los inversionistas, mientras que otros siguen atascados en un bajo crecimiento o enfrentan una vulnerabilidad creciente.
Los choques climáticos son cada vez más frecuentes y costosos, al tiempo que las personas envejecen más rápido de lo que los sistemas de cuidado pueden adaptarse.
En su más reciente #GraphForThought (Gráfico para reflexionar), el Pnud señala las tendencias a seguir en el ámbito del desarrollo en América Latina y el Caribe en 2026, revelando los riesgos que se aproximan, pero también dónde podrían surgir nuevas oportunidades en un mundo más fragmentado e incierto.
En primer lugar, apunta a “esperar lo inesperado”: la incertidumbre aumenta a medida que convergen las presiones globales e internas convergen, y el Pnud considera que en 2025 fue 2,5 veces más alta que en 2024.
El panorama geopolítico cambiante, liderado por cambios en las políticas en Estados Unidos, fue el factor central, trasladando sus efectos a la región a través del comercio, la inversión, los flujos migratorios y financieros, las remesas y la gobernanza democrática.
La dinámica interna, dice el Pnud, amplía esa volatilidad, pues en 2026 siete países, que representan más de la mitad (52 %) de la población de la región -con la mayor polarización política en el mundo- experimentarán transiciones presidenciales.
La superposición entre la incertidumbre global y el cambio político interno aumenta el riesgo de reversar políticas, retrasos en la inversión e inestabilidad a corto plazo.
El año 2026 comenzó con la región situada en el centro de la atención geopolítica. Su dotación de recursos estratégicos —incluyendo litio, cobre, minerales de tierras raras y casi 19 % de las reservas conocidas de petróleo del mundo— incrementa el interés internacional en su papel dentro de las cadenas de suministro globales.
Al mismo tiempo, la expansión de redes criminales organizadas, incluidas aquellas que buscan influencia sobre recursos naturales de alto valor, ha añadido complejidad al entorno de seguridad regional.
Las cuestiones relacionadas con la seguridad, la gobernanza y la soberanía económica han cobrado protagonismo, especialmente en países donde se cruzan la riqueza de recursos, la actividad criminal y los intereses comerciales externos.
Los patrones comerciales también están cambiando de formas que sugieren que la incertidumbre persistirá. En las dos últimas décadas, América Latina y el Caribe profundizó sus lazos económicos con China, ahora el segundo mayor destino exportador de la región, con 12,3 % de sus exportaciones de bienes en 2024.
Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal socio de la región con 14,9 % (excluyendo México), los aranceles introducidos en 2025 podrían acelerar el giro de la región hacia mercados alternativos.
Al mismo tiempo, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (aún pendiente de ratificación en un contexto geopolítico cambiante) podría transformar aún más el panorama comercial de la región.
En conjunto, estos cambios sitúan a América Latina y el Caribe no solo como espectador de la fragmentación global, sino como una región que navega cada vez más por esferas económicas en competencia.
Por otra parte, se espera que la región experimente una modesta aceleración en el crecimiento en 2026 (2,3 % tras 2,2 % en 2025), que sigue frágil y muy desigual.
Más allá de ese promedio, los resultados divergen drásticamente. Un subconjunto de países se está beneficiando de precios más altos de las materias primas y de una demanda externa más fuerte, con tasas de crecimiento que se acercan a cuatro por ciento, niveles comparables a los de Asia Oriental y el Pacífico.
Otros se enfrentan a una perspectiva más desafiante. La exposición a aranceles recién impuestos, junto con tensiones geopolíticas más amplias, está pesando sobre las exportaciones y la inversión, y se espera que varios países experimenten un crecimiento mínimo, o incluso una contracción.
La pobreza sigue disminuyendo, pero los avances son frágiles y concentrados. Se espera que caiga a 25,2 % de la población al cierre de 2025, la mitad de su nivel en el año 2000. La recuperación postpandemia ha continuado, pero sus beneficios no se han repartido de manera equitativa.
Si se excluye a Brasil y México, donde la ampliación de programas de transferencias monetarias y el sólido desempeño del mercado laboral aceleran la reducción de la pobreza, la tasa regional de pobreza es casi tres puntos porcentuales más alta y el ritmo de recuperación parece mucho más lento.
Las presiones climáticas se intensifican, aunque la energía limpia gana impulso. América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones más expuestas a choques climáticos y eventos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas. Estos riesgos ya no son episódicos: son estructurales.
No obstante, la región tiene un potencial significativo para contribuir a soluciones climáticas globales. Las fuentes renovables ya representan el 62,5 % de la generación eléctrica en América Latina y el Caribe, superando con creces al promedio mundial (31,8 %).
La región también posee una gran capacidad solar, eólica e hidroeléctrica, junto con 23 % de los bosques mundiales y una biodiversidad sin igual.
Con inversiones e innovación dirigidas, 2026 podría marcar un punto de inflexión, uno en el que América Latina y el Caribe “comience a traducir sus ventajas naturales en beneficios climáticos y de desarrollo a gran escala”, postula el Pnud.
Finalmente, en el punto de inflexión, el envejecimiento poblacional está transformando las necesidades de cuidado. En 2024 7 2025, por primera vez, los adultos mayores de 65 años requirieron relativamente más cuidado que los niños pequeños, de cero a cuatro años.
Las implicaciones van más allá de la salud. Las poblaciones envejecidas ejercen una presión creciente sobre los sistemas de protección social, los servicios de salud pública y los planes de pensiones.
Sin una preparación adecuada, la carga del cuidado probablemente recaerá de forma desproporcionada en adultos en edad laboral, especialmente mujeres, que siguen asumiendo la mayoría de las responsabilidades de cuidado no remuneradas tanto de niños como de ancianos.
El Pnud concluye que los cambios observados en 2025 preparan el terreno para un 2026 complejo y se requiere “un enfoque renovado hacia el desarrollo humano, uno que reconozca su naturaleza interconectada”.
Así, reducir la pobreza y la vulnerabilidad requiere ampliar la protección social, mejorar las oportunidades en el mercado laboral, garantizar una educación de calidad y ampliar instrumentos financieros que ayuden a los hogares a resistir la adversidad.
Se considera esencial la adaptación climática, con mejores sistemas de alerta temprana, planificación sobre riesgos, más coordinación e infraestructuras resilientes.
Al mismo tiempo, el rápido cambio demográfico subraya la necesidad de ampliar los sistemas de cuidado a largo plazo, reforzar los servicios públicos de salud y redistribuir el trabajo no remunerado para reducir las brechas de género.
Avanzar y mantener estas reformas en un entorno altamente polarizado “requerirá una gobernanza más fuerte: instituciones eficaces, toma de decisiones basadas en normas y confianza en la acción pública”, concluye el reporte del Pnud.
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