Aunque se pretenda esconder o maquillar esta realidad, lo cierto es que en el Perú hay niños que no tienen infancia. Son aquellos que trabajan prácticamente como esclavos. No son pocos. Se estima que hay 1 millón 659 mil menores de edad, incluyendo adolescentes, que están en tal situación. De ellos, la mitad en estado de repudiable explotación
¿Quién se preocupa de solucionar el problema? Nadie. Eso a pesar que se encuentra vigente una ley según la cual, quienes pasan el límite de 14 años, no deben laborar más de seis horas al día, pero percibiendo el salario mínimo. Ésto, por supuesto, no se tiene en cuenta. Los congresistas, entre otros dedicados a la política, tan afanosos por buscar notoriedad, brillan por su ausencia. Ignoran una práctica de larga antigüedad que se arrastra gobierno tras gobierno. Las consecuencias están allí, ahora es todo un escándalo público.
Informes provenientes del norte del país, desde Tumbes a La Libertad, afirman que en los arrozales hay pequeños, con un promedio de 10 años de edad, que laboran en los arrozales desde las cinco de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Ellos reciben una paga de veinte nuevos soles y no tienen el amparo de la seguridad social ni los beneficios que corresponde a todo trabajador. Agotados por el esfuerzo diario, desnutridos, llevando sobre sus espaldas enfermedades de difícil o nula curación, no saben lo que significa asistir a la escuela e ignoran cuál será su futuro. Quizás la muerte. Aquí la responsabilidad recae tanto en las autoridades como en los propios padres de familia. Los primeros afirman que carecen de personal para realizar las inspecciones de trabajo. Lo otros recurren al argumento de la pobreza y en la necesidad de obtener recursos para la subsistencia de la familia.
No hace pocos días estuve por Puerto Maldonado y encontré un panorama casi igual. Los niños son enganchados para trabajar en la minería informal en medio de una explotación sin nombre. Allí no hay horario ni posibilidad de retornar luego de la jornada diaria al hogar. Menos haber mínimo. En caso de enfermedad, simplemente los devuelven a sus mayores. Pero esto, señalan los lugareños, también se da en el Cusco y en Puno. Los menores de edad son reclutados y preferidos porque cobran menos y, además, no reclaman. El registro de trabajo formal que deben de administrar los municipios y los gobiernos regionales, es letra muerta.
Lima la capital no se escapa a tan cruel realidad. Tampoco ciudades como Piura, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Ica, por citar algunas. Los vemos todos los días en ocupaciones eventuales, limpiando las lunas de vidrio de los carros, acompañando a sus mayores pidiendo limosna bajo el disfraz de la venta de golosinas, en los mercados barriales cargando bultos y, por lo general, a cambio de un plato de comida o el obsequio de frutas, verduras y otros víveres malogrados o a punto de desecharse. Hay que sumar a los que muestran ante el público sus habilidades acrobáticas o histriónicas. Todo a cambio de la generosidad entre comillas de alguien que está de buen humor. En Huamanga se da el caso del alquiler de niños que viven en las zonas rurales y que son llevados por sus propios mayores a restaurantes y otros locales de comercio o servicio de la ciudad para laborar. Quienes cobran por lo realizado son éstos. En Chiclayo y en Lima, a avanzadas horas de la noche se encuentran menores prostituidos que deambulan por avenidas y jirones. Ellos son parte de los 200 mil niños que buscan en las calles el pan de cada día. ¿Quién pone atajo a tanta depravación? No hay quien se atreva.
En la Defensoría del Pueblo se ha dado la voz de alerta. Hay un 33.9 por ciento de niños que desempeñan trabajos peligrosos, un 39 por ciento de niños y adolescentes que trabajan y pertenecen a hogares en extremo menesterosos. El 58.7 por ciento proviene de las zonas campesinas y el 41.3 por ciento de las áreas urbanas. Huancavelica sigue siendo el departamento más pobre y de allí, con 79 por ciento, son quienes siendo menores de edad, se ven obligados a trabajar en lo que sea. No muy lejos figura con 69 por ciento Puno, luego vienen Huánuco con 65 por ciento, Amazonas con 64 por ciento, Pasco con 50 por ciento y Ancash con 46 por ciento.
Es cierto que el Ministerio de la Mujer ha hecho algunos esfuerzos. Ha logrado reinsertar a 700 menores que trabajan en la calle. La cifra, sin embargo, es pobre. Se apoya a casi 6 mil niños en ese mismo cometido y se anunció que en Lima se contaría con defensores públicos a favor de los niños trabajadores. ¿Cuál ha sido resultado? Nadie sabe nada. En cambio los contrarios al régimen gobernante especulan al respecto. Hasta se habla de verdaderas mafias que se dedican a esta explotación. ¿Será verdad? Si así fuera, pobre país el nuestro. Con magistrados envueltos en enredos delincuenciales, con personajes de la política manchados por el delito, con legisladores que no fiscalizan ni sus propias leyes, es muy poco lo que se puede esperar. Salvo, claro, que se produzca un milagro. Pero eso, tal como se están dando las cosas, es un imposible.