WASHINGTON – Al decidir que Ecuador se encuentra en un “conflicto armado interno”, el presidente Daniel Noboa ha contribuido a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, señaló este jueves 23 la organización Human Rights Watch (HRW) en una carta dirigida al gobernante.
Juanita Goebertus, directora para América en la organización humanitaria, dijo que “la escalada de violencia en Ecuador, y el aumento del crimen organizado, ponen en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones”.
“En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos”, sostuvo Goebertus.
HRW puntualizó que las violaciones denunciadas incluyen “al menos una aparente ejecución extrajudicial” y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos.
El 9 de enero de 2024, tras una escalada de violencia, incluyendo la toma de un canal de televisión estatal, el presidente Noboa decretó un “conflicto armado interno” contra 22 grupos del crimen organizado que operan en Ecuador, calificándolos de “terroristas”.
Según el gobierno, los homicidios han disminuido, pero aumentaron las extorsiones y los secuestros, y la situación de seguridad sigue siendo grave, indicó un reporte de HRW.
Para documentar su denuncia, entre enero y abril de este año, HRW entrevistó a víctimas de abusos, a sus familiares y abogados; solicitó información a instituciones del Estado; analizó 33 fotografías y videos publicados en línea; asistió virtualmente a algunas audiencias judiciales, y revisó expedientes de casos judiciales.
Agregó que previamente, en noviembre de 2023, sus investigadores se reunieron con la fiscal general Diana Salazar, y con varios jueces y expertos en crimen organizado en Guayaquil y Quito, para documentar las causas del aumento de la violencia.
Los homicidios en Ecuador aumentaron 574 % entre 2019 y 2023, elevando la tasa de esos crímenes de siete a 47 por cada 100 000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Dos bandas principales -Los Choneros y Los Lobos- están aliadas con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, y luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico en el país.
El “conflicto armado” se anunció tras la violenta toma del canal estatal TC Televisión y la fuga de prisión de José Adolfo “Fito” Macías Villamar, líder de Los Choneros.
El presidente ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar “operaciones militares, en apoyo de las policías, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar” a 22 grupos de crimen organizado.
Noboa, de 36 años, de derecha liberal y heredero de un emporio económico, gobierna desde el 23 de noviembre de 2023 y su mandato expira el 24 de mayo de 2025, pues fue elegido como reemplazo de Guillermo Lasso, quien renunció mucho antes de completar su período.
HRW recordó que según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado “depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades”.
El gobierno “no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional”, indica el texto de HRW.
Añade que las extorsiones, secuestros, y los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión “demuestran que la situación sigue siendo grave”, y “mientras tanto, la militarización de las calles y las cárceles de Ecuador ha provocado serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”.
En un caso documentado por HRW, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil (la ciudad más poblada, al suroeste) a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco.
Las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes habían intentado “evadir el control, embistiendo a personal militar” y los calificaron de “terroristas”.
Las entrevistas de HRW con testigos, familiares y abogados de las víctimas –más vídeos y fotografías verificados, y documentos judiciales- contradicen la versión del ejército, incluida su afirmación de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos.
Personas que se reportaron como detenidas, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, aunque la policía y los militares están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que realizan.
Muchas de las más de 13 000 personas reportadas como detenidas “parecen haber sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal y, según los vídeos y fotografías publicados en Internet y verificados por HRW, sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes”, de acuerdo con la denuncia.
Por otra parte, el texto señala que los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica.
Goebertus expuso que “las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”.
“El gobierno debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias. Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles”, afirmó la responsable de HRW.
Finalmente, la organización lamentó que “las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”.
Por el contrario, “Noboa acusó de “antipatria” a un juez que identificó violaciones de los derechos humanos en las cárceles, y los miembros de la Asamblea Nacional señalaron que estaban dispuestos a aprobar una amnistía o indulto “en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea” de la policía y el ejército”, concluyó HRW.
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