Punto más, punto menos, a la fecha casi un cincuenta por ciento del electorado nacional todavía no decide por quién votará en los comicios del próximo 6 de junio. El otro cincuenta ciento ya expresó su voluntad. Una mayoría significativa cree en el predicamento de Pedro Castillo Terrones. Una minoría se manifiesta partidaria de Keiko Fujimori. Bueno, tal es el resultado de una segunda encuesta de opinión, hecha pública, precisamente, por las empresas comerciales dedicadas a ese menester, las mismas que fracasaron rotundamente en los pronósticos vertidos antes de la primera vuelta electoral. Las consecuencias las pagó Yonhy Lescano, el hijo de Puno, que terminó siendo furgón de cola en el resultado final, pero que días antes, estaba tan seguro de ganar que hasta hizo la presentación oral de su primer gabinete ministerial.
Con ese antecedente, ahora y corriendo contra el tiempo, los candidatos han comenzado a desarrollar sus estrategias y tácticas en procura de la aceptación ciudadana, la misma que sabe que existen promesas incumplidas a lo largo de muchos años, referente a los problemas sociales, económicos y políticos. Aparte de los males causados por el Covid-19, que tantas muertes está ocasionando y dejando en el desamparo, sobre todo a los grupos familiares de escaso o ningún recurso económico, la población sufre las consecuencias de la inexistencia de un sistema de salud y protección social, más o menos regular, de la seguridad pública que hoy aprovecha a su libre antojo el crimen organizado en todas sus variables, hasta con armas de fuego de última generación, la corrupción imperante que sigue diezmando las arcas fiscales y haciendo de las suyas en altos sectores económicos y financieros privilegiados, además, y esto es de suma trascendencia, de una seudo democracia amparada por una Carta Política que la dictadura de los noventa puso en vigencia, con el respaldo de políticos ultraconservadores. Las consecuencias están allí, en la epidermis del cuerpo social, en donde languidece de hambre una mayoritaria población paupérrima. ¿Qué no es así? Sería recomendable, entonces, que los voceros del neoliberalismo vayan a ensuciarse los zapatos a las barriadas marginales. Allí conocerán la verdadera realidad social del país, distinto al paraíso que pregonan, entre otros, los Vargas Llosa, Mario el padre y Álvaro, el cachorro predilecto.
Lo que voy a decir a continuación no es nuevo. Lo han expuesto otras personas calificadas. Aquí en el Perú, y en general en América Latina, existe un conjunto de contradicciones que definen la relación democracia y modernización. Formas deseables de democratización y también viables de modernización que no desembocan en una fórmula clara. Ampliando lo señalado. Los procesos de descomposición y de recomposición se precipitan más rápido que lo que el ojo del estadista es capaz de procesar. Asistimos, en consecuencia, al fracaso de regímenes llamados populistas, a la crisis de modernización sustitutiva y del papel central asumido por el Estado en dicho proyecto.
Debo advertir que tal concepto no proviene de ninguna cantera extremista. En realidad, es fruto de estudios e investigaciones científicas formuladas en foros internacionales y cuyos resultados fueron hechos llegar a los gobiernos de esta parte del continente. Una de las propuestas que despierta la atención y que se mantiene vigente, es aquella titulada: «Transformación productiva con equidad». ¿Cuál es la importancia de la misma? Leamos: «De una parte , la incorporación decidida y sistemática del progreso técnico al proceso productivo, minimizando la depreciación de salarios reales, exige de los agentes empresariales- tanto públicos como privados- una alta disposición a negociar intereses con el Estado y con otros actores sociales; y exige también capacidad política del Estado para concertar agentes de modernización en términos de una transformación sistemática del aparato productivo. De otra parte, la incorporación del aparato técnico a la actividad productiva no es un proceso políticamente neutro, pues se sitúa en una pugna distributiva para asignar recursos de distinto orden a distintos agentes sociales. Gastos en educación y capacitación técnica, crédito a pequeños empresarios para mejorar su inversión en capital fijo, subsidio a la importación de capitales de alta tecnología, inversión en la educación pública. <todo ello es parte del «menú» del progreso técnico, pero a la vez opera como respuesta política al juego de demandas expresadas por actores con distinta capacidad de presión sobre el Estado. Finalmente, más conflictivas resultan aun las políticas consagradas a mejorar los niveles de equidad durante el proceso de modernización productiva».
Debo subrayar que para ese paso crucial se requiere capacidad de estadista. ¿Cuál de los dos en contienda electoral, cuenta con esa fortaleza? Es una pregunta por responder. Y, por cierto, además, la institucionalidad democrática constituye el orden más apropiado para impulsar la transformación productiva con equidad. Agrego, institucionalidad democrática, que debe respetar el derecho del pueblo a expresarse con la mayor libertad. Y es que la verdadera democracia peligra si sólo se oye la voz de los que han hecho suyo el poder político o el poder económico.