GINEBRA – Los recortes de fondos decididos por gobiernos de países industrializados dejarán sin asistencia humanitaria a más de 11 millones de personas refugiadas que huyen de conflictos y crisis en varias regiones del mundo, advirtió este viernes 18 la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Según Acnur, en América Latina y el Caribe, las brechas de financiación han limitado las inversiones en digitalizar y reforzar los sistemas de asilo, así como en promover los esfuerzos de regularización de los refugiados que se desplazan por la región.
En países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y México, no contar con un estatus legal reconocido implica que las personas refugiadas estén expuestas a una pobreza creciente y a una inseguridad prolongada, al quedar excluidas del empleo formal y con una mayor exposición a la explotación y al abuso.
Acnur dijo que para sus trabajos en todo el mundo -hay 123 millones de personas desplazadas a la fuerza de sus lugares de origen- necesita 10 600 millones de dólares, pero hasta el momento ha recibido apenas 23 % de ese monto.
Los cortes en el financiamiento provienen principalmente de la disminución en la ayuda extranjera por países donantes como Estados Unidos, Francia, Japón y Suecia.
Como resultado, se están recortando o suspendiendo programas esenciales por valor de 1400 millones de dólares, y con ello millones de personas se están enfrentando a un deterioro de sus condiciones de vida, mayores riesgos de explotación y abuso, y podrían verse obligadas a desplazarse nuevamente.
Por ejemplo, en Sudán, la guerra de más de dos años entre ejércitos rivales -con unos 150 000 muertes- ha desplazado de sus hogares a 13 millones de sus 50 millones de habitantes, y de ellos cuatro millones a países vecinos.
Los recortes han obligado a Acnur a pausar el traslado de personas llegadas a áreas fronterizas hacia lugares más seguros, en países como Chad y Sudán del Sur, dejando a miles varadas en zonas remotas. En esos y otros vecinos aumentan las tasas de desnutrición, con acceso limitado a agua potable y alimentos.
En Asia, los campamentos que acogen a refugiados rohinyá en Bangladés, se corre el riesgo de suspender la educación a 230 000 niños. Y todo el programa de salud de Acnur en Líbano corre el riesgo de cerrarse a finales de año.
En lugares como Níger, los recortes en la ayuda financiera para vivienda han dejado a familias en instalaciones masificadas o en riesgo de quedarse sin hogar. La ayuda a los refugiados de Ucrania también ha sido recortada.
A nivel mundial, la ayuda financiera y la entrega de artículos de emergencia se han reducido en 60 %, y los programas de alojamiento se han visto gravemente recortados, dejando a familias desplazadas sin poder pagar el alquiler, alimentos o tratamientos médicos.
El registro, la protección infantil, el asesoramiento legal, así como la prevención y respuesta a la violencia de género se han visto gravemente afectadas.
En Sudán del Sur, 75 % de los espacios seguros para mujeres y niñas, apoyados por Acnur, se han cerrado, dejando a hasta 80 000 mujeres y niñas refugiadas, incluidas supervivientes de violencia sexual, sin acceso a atención médica, apoyo psicosocial, asistencia legal, ayuda material o actividades generadoras de ingresos.
Los recortes también están afectando el reasentamiento y el retorno seguro y voluntario de personas refugiadas. Alrededor de 1,9 millones de afganos han regresado a su país o han sido devueltos desde principios de año, pero la ayuda financiera para los retornados apenas alcanza para comprar alimentos.
Una de cada tres de las 550 oficinas de Acnur en el mundo sufre con los recortes.
“Detrás de estas cifras hay vidas reales en juego”, dijo a periodistas en esta ciudad suiza Dominique Hyde, directora de relaciones externas de la agencia, pero agregó que “si dispone de fondos adicionales, Acnur cuenta con los sistemas, las alianzas y la experiencia para reanudar y ampliar rápidamente la asistencia”.
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