La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización internacional que tiene por misión diseñar políticas para una vida mejor, entre ellas la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas, ha publicado un reporte sobre la situación laboral de los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, que concluye señalando que “el principal desafío en Perú no es la falta de empleos”, sino “la falta de empleos de calidad”. De esa manera, concluye que se trata de algo preocupante, dado que la mayoría de jóvenes peruanos no se encuentran en condiciones de sufragar sus urgencias personales y familiares sino tienen un trabajo y, en razón de ello, no le queda más alternativa que aceptar ocupaciones precarias, que los aleja del respeto que merece su dignidad como persona humana.
El problema se ha ido agravando con el tiempo, sobre todo a partir de los años ochenta del siglo pasado, durante el régimen de Fernando Belaunde, periodo en el que se crearon los llamados “puestos de confianza” y la despedida masiva de sectores laborales, como fue el caso de los empleados bancarios. Fue el comienzo del deterioro de la organización sindical, como medio para la defensa y protección de los trabajadores. Más adelante, cuando advino el régimen de Alberto Fujimori y la instalación feroz de la política económica neoliberal, esta situación llegó a extremos, hasta el punto que la precariedad en el trabajo se generalizó y fueron miles y miles de jóvenes con títulos universitarios y personas mayores de 18 años de edad, que cayeron en la humillante calificación de trabajadores informales, sin derechos económicos ni sociales.
Lo social, a consecuencia de la embestida neoliberal, fue olvidado y arrojado al basurero de la historia. Lo humano, que es el centro mismo de lo social, fue botado al basurero de la sociedad. Los trabajadores y peor aún los jóvenes en edad de laborar, han sido condenados desde entonces a la pobreza crítica, a la miseria, a la exclusión social, a la degradación más radical de su dignidad.
El fundamentalismo neoliberal, a estas alturas, se ha apoderado de los principales centros de poder, tanto que sus predicadores en los foros internacionales y en los medios de comunicación, han logrado imponer la idea de que la justicia social es incompatible con la libertad, con la democracia, con el crecimiento económico, con el desarrollo. Para ellos los trabajadores no son seres humanos. Son esclavos que no tienen derecho a una vida digna.
No lo dice la OCDE. Lo decimos nosotros. La perversidad de quienes usufructúan de los beneficios de la economía neoliberal y sus adláteres, los lleva a sostener que la palabra justicia social es una frase que no tiene sentido, pasada de moda, obsoleta, contraria a la modernidad y al progreso. Son alumnos aplicados de Friedrich August von Hayek, aquel filósofo, jurista y economista austriaco, que no tuvo reparos en sostener que la humanidad debía avergonzarse hasta de utilizar la palabra justicia social.
Este es el momento, cuando ya se avizora el advenimiento de un año nuevo, que quienes tienen responsabilidad política en los poderes del Estado, tomen en cuenta lo señalado por la OCDE. El gobierno lo ha hecho, pero ahora le corresponde actuar para contrarrestar esta situación perniciosa, que afecta sobre todo a los más jóvenes. Para ello debe tomar en cuenta que las consideraciones exclusivamente economicistas y econométricas, no tienen razón de ser en un país como el nuestro, ni en otros países como los de América Latina.
No hay que olvidar que lo sucedido en las últimas décadas, están calificadas como décadas pérdidas para el ser humano, para el desarrollo humano. Sus consecuencias ya son irreparables. Está demostrado que la economía neoliberal, en una increíble esquizofrenia, lo único que ha conseguido es separar, y sobre todo, contraponer lo económico con lo social, con lo humano, pervirtiendo gravemente la misma naturaleza de la economía, que, como ciencia y como práctica, tiene como objetivo irrenunciable ponerse al servicio de la persona humana, la gente cualquiera sea el color de su piel, sin diferencia de género, más allá de la edad física. Así lo demanda el clamor de un mundo mejor para todos. Que no se repita lo ocurrido en McDonald’s, en donde perdieron la vida dos jóvenes trabajadores, sometidos, además, a salarios muy por debajo del mínimo legal.