El próximo martes 25 de noviembre, la Comisión Permanente del Parlamento analizará una nueva denuncia constitucional que busca inhabilitar de la función pública por una década al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y a Willy Huerta, quien fuera su ministro del Interior. La medida responde a su implicación en el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
Originalmente, la sesión para evaluar este informe estaba programada para el pasado jueves 20 de noviembre. No obstante, al comenzar la jornada, se atendieron las solicitudes de postergación presentadas por ambos exfuncionarios.
El motivo principal de la reprogramación fue la falta de defensa legal del exmandatario. Así lo comunicó el miércoles Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), titular del Legislativo.
Sobre este incidente, Rospigliosi puntualizó:
“El señor Castillo ha pedido que se reprograme su presentación porque dice que no tiene abogado, a pesar de que fue notificado la semana pasada y le daba tiempo para conseguir uno”.
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Antecedentes y otras sanciones ⚖️
En relación con los mismos sucesos, la Comisión Permanente ya tomó medidas contra otros involucrados. Con un respaldo de 17 votos frente a 6 en contra, se aprobó inhabilitar por diez años a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, por su participación en la ruptura del orden constitucional.
Este es el segundo expediente sancionador que llega desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe previo se sometió a votación en el Pleno del Congreso la tarde del miércoles 19, pero no logró el consenso necesario para su aprobación.
Por otro lado, el documento actual desestima las acusaciones constitucionales contra el legislador Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial). Esta decisión se sustenta en una resolución suprema que determina su nula participación en los hechos investigados.
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Actualidad del proceso penal 🔒
Mientras tanto, Pedro Castillo continúa cumpliendo prisión preventiva en el centro penitenciario de Barbadillo. El expresidente enfrenta un juicio oral por el delito de rebelión, con una petición fiscal de 34 años de pena privativa de la libertad. Este proceso judicial ha entrado en su recta final y se encuentra actualmente en la fase de alegatos de clausura.
Foto Andina