El Ministerio Público, a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, gestionó la extradición de Miguel Marín, alias ‘negro Marín’, quien era requerido por el Estado peruano ante el Reino de España para ser procesado por el caso ‘Los sanguinarios de la construcción’.
Marín es investigado por la presunta comisión del delito de organización criminal, en el marco de una investigación a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), dirigida por el fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco.
Con esta acción, el investigado afrontará los cargos penales en territorio nacional. Su arribo al país está previsto para este viernes 27 de febrero, aproximadamente a las 17:00 horas.
Luego de su llegada, será sometido al reconocimiento médico legal conforme a los protocolos vigentes. Posteriormente, será trasladado por personal de Interpol Lima a la sede de Requisitorias de Ventanilla y, finalmente, puesto a disposición del juzgado de Ventanilla para la realización del control de identidad, diligencia en la que participará el representante del Ministerio Público.
La orden de captura internacional fue emitida el 30 de octubre de 2025 por el órgano jurisdiccional competente.
El investigado fue detenido en España el 5 de noviembre de 2025. En esa misma fecha, la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, a cargo del fiscal adjunto supremo Elmer Chirre Castillo, comunicó la detención a las instancias correspondientes, activando de inmediato los mecanismos de coordinación internacional.
Posteriormente, el pasado 16 de enero, las autoridades españolas informaron que el Consejo de Ministros acordó conceder la extradición del requerido a favor del Perú, luego de que este se acogiera al procedimiento de extradición voluntaria.
La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones viene coordinando la ejecución de la entrega del detenido. Para tal efecto, solicitó a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima el itinerario de traslado y la nómina de los funcionarios policiales encargados de su custodia y conducción al Perú.