Legisladores de múltiples fuerzas políticas manifestaron duras observaciones durante el proceso de interpelación al titular del Interior, Carlos Malaver, cuestionando su desempeño frente al incremento delictivo nacional.
La representante de Renovación Popular (RP), Patricia Chirinos Venegas, declaró que la nación atraviesa «un nuevo fracaso» bajo un ministro «sin rumbo, sin plan y sin coraje». Denunció la carencia de una política integral de protección ciudadana, el deterioro de instalaciones policiales y unidades móviles en desuso, además de la adquisición de automóviles costosos para directivos por un monto superior a los 17 millones de soles.
Su compañero de bancada Diego Bazán Calderón (RP) manifestó que las iniciativas de censura han perdido efectividad y alertó sobre la violencia descontrolada en La Libertad, vinculada al tráfico irregular de explosivos debido a actos corruptos en la Sucamec.
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El legislador de Perú Libre (PL), Flavio Cruz Mamani, proyectó que el año 2025 podría culminar superando los 2,000 asesinatos, considerando el registro mensual que excede los 4,000 crímenes violentos. Indicó el desperdicio de recursos millonarios en iniciativas tecnológicas sin resultados y propuso la restructuración integral de la PNP y el INPE.
Francis Paredes Castro (PP) señaló que Ucayali cuenta con escaso personal policial para combatir las organizaciones criminales fronterizas, mientras que las unidades de patrullaje y centros de salud resultan insuficientes. Demandó asignaciones presupuestarias efectivas y la implementación de una academia de oficiales regional.
Desde Somos Perú (SP), Alfredo Azurín Loayza solicitó brindar una oportunidad al funcionario, considerando su corta permanencia de tres meses en el puesto, aunque reafirmó su oposición a los actos de corrupción institucional. Su colega Elizabeth Medina Hermosilla denunció el avance criminal organizado en Huánuco, incluyendo tráfico humano y hostigamiento periodístico, sin obtener respuestas ministeriales.
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Elías Varas Meléndez (JP–VP–BM) demandó la transformación urgente de la institución policial, exponiendo la corrupción en niveles directivos y extorsiones ejecutadas desde el interior de la propia organización. Por su parte, Hamlet Echevarría Rodríguez criticó la falta de asistencia a las víctimas de chantajes y crímenes.
Llamados a coordinación institucional y reformas estructurales
Jorge Marticorena Mendoza (APP) expresó que el combate delictivo necesita la colaboración coordinada entre todas las entidades de seguridad y administración de justicia.
Elvis Vergara Mendoza (AP) argumentó que la problemática supera a los funcionarios de turno y que la cartera del Interior necesita una transformación completa. Luis Aragón Carreño destacó ciertos progresos en el desmantelamiento criminal y la obtención de equipos de protección, pero enfatizó la necesidad de reforzar el cumplimiento de la Ley 32378 sobre protección ciudadana.
Karol Paredes (Avanza País) alertó sobre la inefectividad de las declaratorias de emergencia y reveló que nueve de cada diez ciudadanos experimentan sensación de vulnerabilidad.
Silvana Robles Araujo (BS) solicitó incrementar la presencia policial en Junín.
Magaly Ruiz Suclupe (FP) exigió mayor personal para Tumbes; César Revilla Villanueva denunció que más de 2,000 policías bajo proceso fiscal enfrentan intimidación, llegando al punto de temer utilizar sus armas incluso en legítima defensa. Añadió que Castilla (Piura) requiere un millón de soles para el mantenimiento de sistemas de videovigilancia, mientras el ministerio «despilfarra en lujos». Arturo Alegría García cuestionó que hasta septiembre el ministerio apenas alcanzó 19% de ejecución en inversiones y acusó al ministro de simbolizar la ineficiencia en el manejo de recursos.
Edwin Martínez Talavera (NoA) instó a abandonar los intereses partidarios y otorgar estabilidad al sector Interior, recordando el déficit de personal policial existente.
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Margot Palacios Huamán consideró necesaria la censura ministerial, recordando que más de 1,500 peruanos han fallecido en lo transcurrido del 2025 y acusándolo de carecer de estrategias claras. Edward Málaga Trillo exigió resultados medibles, con objetivos precisos, indicadores de avance y diagnósticos transparentes.
Finalmente, Édgard Reymundo Mercado (BDP) pidió la renuncia del ministro, acusándolo de ser una mala copia de su antecesor y de mantener 0% de ejecución en programas como la compra de chalecos antibalas y el plan Perú Seguro.