Con 61 votos a favor, 5 votos en contra y 13 abstenciones el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa mediante la cual declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes. Este fue acusado de ser presunto autor del delito contra la administración pública, y por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal, en agravio del Estado.
Según sus acusadores, provenientes del sector conservador de la política peruana y con mucho interés por controlar el sector Educación, Alfaro no tuvo cuidado siendo ministro con evitar una supuesta filtración de contenidos impropios en textos escolares. Por más que explicó lo sucedido, sus detractores insistieron en conseguir que se le sancione penalmente.
La votación, de acuerdo con el numeral i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se realizó con la votación favorable de los miembros del Pleno, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. Ello, siguiendo el principio de razonabilidad señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento, y, por ello, tan solo requería de un mínimo de 52 votos para su aprobación.
Luego de la votación, el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, informó que por aplicación de lo dispuesto en el inciso j) del artículo 89 del mismo reglamento, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.
Una vez más, vuelvo a ser tajante en esto: durante mi gestión, como Ministro de Educación, no hubo omisión, rehusamiento ni demora en lo que respecta a los textos escolares.
Los invito a leer el detalle de mi descargo, que ahora comparto públicamente: https://t.co/vDy35hkxvk
— Daniel Alfaro (@danielalfarop_) November 16, 2023
Por su parte, Alfaro rechazó lo acordado por los legisladores y dijo que han pasado más de cuatro años desde el inició de esta denuncia constitucional, y durante este tiempo enfrentó múltiples citaciones de diversos congresos y lo que en su opinión parecían ser ataques coordinados y abusivos de desprestigio personal.
“Aclaré todos los cuestionamientos por escrito en los tiempos requeridos de manera técnica y con evidencia contundente, y asistí cuando fui requerido. Aun así, a pesar de la solidez de los argumentos, el informe acusatorio no reconoce nuestros descargos e incluso, lamentablemente, tergiversa los hechos. Debido a ello, vuelvo a ser tajante en esto: durante mi gestión, como ministro de Educación, y en lo que respecta a los textos escolares, no hubo omisión, ni demora, ni rehusamiento. Es decir, no dejé de hacer lo que por norma debía”, enfatizó.
“Mi obligación como ministro, y como ciudadano que quiere mejorar la educación en el país, fue nombrar personas con los conocimientos y experiencia para que cumplan con la supervisión y vigilancia de los textos escolares, y así fue. Ni la denuncia constitucional ni el informe acusatorio demuestran lo contrario”, apuntó finalmente Daniel Alfaro.
(JA)
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