Congreso debate nueva norma para modificar el Código Penal y amordazar al periodismo

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La Comisión de Justicia del Congreso de la República debate un proyecto que, aunque se presenta como una medida para proteger el derecho a la intimidad, podría convertirse en un obstáculo significativo para el ejercicio periodístico. Bajo el título «Proyecto de Ley que Modifica el artículo 164° del Decreto Legislativo N° 635, Código Penal», la propuesta plantea cambios al artículo 164 del Código Penal, fijando sanciones para quienes divulguen comunicaciones privadas, incluso en casos de relevancia nacional.

El debate sobre esta iniciativa está programado para este 3 de septiembre a las 11 de la mañana. De ser aprobada, los periodistas que expongan comunicaciones que evidencien corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos fundamentales podrían enfrentar procesos penales simplemente por cumplir con su función informativa.

 

 

Entre las sanciones previstas, resalta la pena de 52 jornadas de «limitación de días libres», lo que implicaría que el condenado deba acudir, durante fines de semana y feriados, hasta por máximo diez horas semanales, a instituciones públicas para realizar actividades educativas, psicológicas, laborales o culturales.

Esta norma plantea un peligro latente: cualquier autoridad podría argumentar que una denuncia periodística ocasionó algún tipo de “perjuicio” sin tomar en cuenta el interés ciudadano detrás de la información revelada. El efecto sería una amenaza directa al periodismo investigativo y limitaría el derecho de la población a estar informada sobre temas de trascendencia pública.

 

 

El proyecto también incorpora al delito de «publicación indebida de correspondencia» la difusión de correos electrónicos, mensajes provenientes de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, actualizando sus alcances más allá de medios tradicionales como cartas o telegramas.

Sin embargo, el criterio bajo el cual se sancionaría dichas publicaciones incluye términos ambiguos como “sin mediar interés público” y “causando perjuicio a otros”, dejando un amplio margen de interpretación que podría facilitar denuncias contra periodistas cuya labor incomode a autoridades o grupos de poder.

Aunque no contempla prisión efectiva, la extensión de penas como la limitación de días libres sigue representando una importante restricción a la libertad de prensa, configurándose como un mecanismo disuasivo que podría acallar investigaciones sobre actos reprochables en instancias públicas y privadas.

 

 

Texto: WSV
Foto: Congreso de la República

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