La Comisión Permanente del Parlamento votó este lunes a favor de acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo por presuntos delitos cometidos durante su gestión presidencial. La decisión se adoptó con quince votos favorables, tres votos negativos y una abstención en la sesión conducida por el legislador José Jerí.
El dictamen aprobado corresponde al expediente de denuncia constitucional número 424, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Los cargos que se imputan al exjefe de Estado incluyen tráfico de influencias y designación irregular de funcionarios, acciones que habrían perjudicado al Estado peruano.
La denuncia constitucional fue interpuesta originalmente por la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides Vargas. Además de Vizcarra Cornejo, el expediente también señalaba a Ana Teresa Revilla Vergara, quien ejerció como ministra de Justicia y Derechos Humanos durante su gobierno.
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Designación irregular en la Procuraduría General
El informe final determina que el expresidente intervino de manera indebida en el nombramiento de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado. Según el documento parlamentario, esta designación se realizó pese a que el abogado no reunía las condiciones legales exigidas para ocupar dicho cargo público.
La designación cuestionada quedó formalizada a través de la Resolución 017-2020-JUS, firmada el primero de febrero de 2020. El dictamen concluye que Vizcarra Cornejo habría influenciado directamente en este proceso de selección, violando las normas establecidas para garantizar la transparencia en los nombramientos de altos funcionarios estatales.
Tras la aprobación del informe, el presidente del Congreso anunció que toda la documentación del caso será enviada a la Fiscalía de la Nación para las investigaciones correspondientes. Este procedimiento forma parte del proceso constitucional peruano cuando se acusa a altos funcionarios públicos.
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La congresista Lady Camones Soriano, quien preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presentó los fundamentos del dictamen ante el Pleno. En su exposición solicitó que, después del debate respectivo, se aprobara la recomendación de acusar al exgobernante por los hechos investigados.
Defensa de la exministra de Justicia
Durante la sesión parlamentaria participó de forma remota la exministra Revilla Vergara, quien rechazó categóricamente las imputaciones formuladas en su contra. La exfuncionaria argumentó que Daniel Soria Luján posee la experiencia y calificaciones necesarias para representar legalmente los intereses del Estado peruano ante cualquier instancia judicial.
«Las acusaciones dirigidas hacia mi persona no tienen fundamento constitucional ni legal», manifestó la exresponsable del sector Justicia. Durante su intervención solicitó formalmente que se archive la denuncia constitucional presentada contra ella, argumentando la solidez profesional del funcionario designado.
La legisladora Gladys Echaíz planteó que, respecto al caso de Revilla Vergara, no existiría materia para debatir debido a que han transcurrido más de cinco años desde la emisión de la resolución que nombró al procurador. Señaló que entre febrero de 2020 y enero de 2025 venció el plazo constitucional para que el Congreso pueda formular acusaciones contra funcionarios.
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Prescripción de prerrogativas y notificación al acusado
La congresista Camones Soriano confirmó durante la sustentación del informe que efectivamente la prerrogativa de antejuicio político correspondiente a la exministra de Justicia ya habría prescrito. Detalló que Revilla Vergara dejó su función ministerial el 13 de febrero de 2020, por lo que se habría cumplido el período establecido por ley.
El presidente del Congreso, José Jerí Oré, comunicó que el expresidente Vizcarra Cornejo recibió todas las notificaciones oficiales para presentar su defensa legal sobre el informe final del expediente 424. Las citaciones fueron enviadas mediante diversos canales: mensajes de WhatsApp, correo electrónico y notificaciones físicas en las direcciones registradas oficialmente en el expediente judicial.
A pesar de haber sido notificado correctamente a través de múltiples vías, el exmandatario no se hizo presente en la sesión parlamentaria donde se debatió y votó su acusación constitucional. Con esta decisión del Parlamento, el caso avanza ahora hacia la fase fiscal, donde la Fiscalía de la Nación deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar si procede iniciar un proceso judicial formal contra Vizcarra Cornejo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y nombramiento irregular de funcionarios públicos durante su mandato presidencial.
Foto Andina