Congreso presenta moción de censura contra Santiváñez tras nueva difusión de audios

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Con el respaldo de 34 firmas de congresistas de diversas bancadas, se formalizó la moción de censura presentada por la parlamentaria Susel Paredes contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El caso gira en torno a unos audios que revelan el presunto tráfico de influencias en favor de Miguel Salirrosas, conocido como «El Diablo», quien fue condenado por pertenecer a la organización criminal «Los Pulpos».

Aunque la moción ya había comenzado a gestarse antes de la difusión de los audios, su publicación fue clave para consolidar las firmas necesarias que llevaron a la admisión de la propuesta en el Pleno. Ahora, el Congreso deberá debatir el tema en el hemiciclo y, para que la censura prospere, se requerirán 67 votos a favor. Según algunos cálculos legislativos, este debate podría llevarse a cabo en octubre, luego de la semana de representación.

 

 

La moción cuestiona la idoneidad de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Uno de los principales argumentos en su contra se remonta a su actuación como ministro del Interior, etapa en la cual se responsabiliza su gestión por la falta de eficacia en el combate contra la inseguridad ciudadana. Durante este período se registró un agravamiento significativo de los niveles de criminalidad, situación que culminó con su censura por parte del Congreso en marzo de 2025 debido a su incapacidad para afrontar la creciente ola delictiva.

 

 

Por si fuera poco, Santiváñez enfrenta serias acusaciones judiciales, como tráfico de influencias, abuso de autoridad y participación en una presunta organización criminal involucrada en actos de corrupción. Las imputaciones incluyen el direccionamiento de contratos públicos, manipulación en ascensos y permanencia de altos mandos policiales, protección a la minería ilegal y encubrimiento de irregularidades en la administración pública.

 

 

En este contexto, la Corte Suprema dictó en junio de 2025 un impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses contra Santiváñez. La medida se fundamenta en indicios que apuntan a que habría solicitado hasta 20.000 dólares con el objetivo de influir sobre magistrados del Tribunal Constitucional. Esta acumulación de hechos, sumada a una creciente desconfianza política y ética, ha debilitado considerablemente su capacidad para liderar el Ministerio de Justicia.

 

Texto: WSV
Foto: Congreso de la República
Video: Twitter Canal N

 

 

 

 

 

 

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