La constructora peruana Aenza, conocida hasta el 2020 como Graña y Montero, se comprometió a pagar al Estado peruano una reparación de 480 millones de soles (129 millones de dólares) por corrupción en 16 proyectos de infraestructura, de acuerdo a un convenio firmado con la Fiscalía y la Procuraduría.
La suscripción del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz de Aenza con el equipo especial del Ministerior Público y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato fue informada por el Ministerio de Justicia.
La empresa de ingeniería y construcción reconoció que junto a sus subsidiarias GYM y CONCAR, así como seis de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los cuales figuran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
En varios de estos proyectos, la empresa se adjudicó las obras en consorcio con la brasileña Odebrecht y otras compañías denunciadas en el marco del escándalo de sobornos Lava Jato en Perú.
Las empresas de Aenza participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras de infraestructura en Perú para dar la apariencia de competencia en un esquema del denominado “Club de la Construcción”, un caso de involucra a compañías constructoras en varias regiones del país.
De acuerdo al convenio preliminar firmado, Aenza tendrá la obligación de colaborar con la justicia aportando información y pruebas de relevancia penal para todas las investigaciones relacionadas a las 16 obras, incluyendo el caso “Club de la Construcción”.
El monto de la reparación civil fue calculado por la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, incluye intereses legales y será pagada en 12 años, con una cuota inicial 14 millones de soles aproximadamente (3,7 millones de dólares).
También se establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las 12 cuotas de la reparación civil, que será administrado por Cofide (Corporación Financiera de Desarrollo) o por el Banco de la Nación.
Asimismo, la empresa ha desistido de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco y ha renunciado a cobrar cualquier concepto en el marco de la terminación del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur, suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Además, ha desistido de la solicitud de arbitraje que presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el Gasoducto Sur Peruano, por 700 millones de soles o 250 millones de dólares, indicó la fuente oficial.
El acuerdo final entre la empresa y la Fiscalía y Procuraduría se firmará dentro de los próximos 60 días y será presentado al Poder Judicial para su aprobación.EFE