Contraloría: Ministerio del Interior pagó sobreprecio para adquirir 44 “rochabuses”

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Una auditoría al proceso de licitación internacional para la compra de 44 motobombas antidisturbios, conocidas como “rochabuses”, destinadas a la Policía Nacional, reveló serias irregularidades por parte de los funcionarios del Ministerio del Interior. Según los hallazgos, se otorgó un puntaje injustificado a la empresa International Armoured Group (IAG), con sede en Emiratos Árabes Unidos.

El informe de la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio del Interior acusó a los funcionarios de la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) de validar de manera incorrecta los documentos presentados por IAG para respaldar su experiencia en la venta de este tipo de vehículos. A pesar de ofrecer un precio más alto que otros competidores, IAG obtuvo un contrato valorado en 25,2 millones de dólares, ha revelado el diario La República.

 

 

Por ejemplo, la compañía turca Katmerciler presentó una propuesta por un monto de 24,5 millones de dólares, cifra inferior por 748.757 dólares respecto a la oferta de IAG. Frente a esta adjudicación, Mehmet Katmerci, representante de Katmerciler, reportó a la OCI lo que consideraba una violación de las bases del proceso y acusó a los funcionarios de favorecer a IAG. Además, señaló que se habían validado documentos presuntamente falsos para justificar la experiencia de la empresa emiratí en la venta de motobombas.

Katmerci expresó su indignación, indicando que no se le otorgó ningún puntaje por su experiencia como postor, lo cual les privó de sumar los 100 puntos que habrían necesitado para superar a IAG. Según él, esto fue determinante para que la empresa turca quedara fuera de la competición.

 

 

Posteriores investigaciones realizadas por la OCI confirmaron las irregularidades en el proceso. Los funcionarios de OGAF asignaron puntajes sin sustento a IAG, lo que permitió que su oferta fuera seleccionada, aun cuando era la más costosa. Esta decisión no solo vulneró los principios de igualdad en la contratación pública, sino que también comprometió la eficiencia en el uso de recursos públicos.

El informe detalla, además, que ciertos documentos presentados por IAG referencian a proveedores que no corresponden a la empresa postulante y hacen alusión a bienes que no cumplen las especificaciones establecidas en las bases administrativas para esta licitación. Según el reporte, ninguno de los documentos presentados por IAG cumple con el requisito de ser documentos oficiales emitidos en el país del fabricante.

 

 

Pese a estas advertencias y al reporte inicial realizado por Katmerciler, el Ministerio del Interior decidió continuar con el proceso y adjudicar el contrato a IAG. Este no es un caso aislado. Eventos similares ya han sido detectados por la Contraloría en otras licitaciones manejadas por OGAF, como ocurrió con la adquisición de un avión de transporte a una empresa inexistente en Emiratos Árabes Unidos y en procesos de compra relacionados con pistolas y chalecos antibalas. En varios casos anteriores se optó por anular las adjudicaciones.

La OCI, mediante un oficio enviado al ministro del Interior, José Zapata Morante, solicitó su intervención para corregir la adjudicación otorgada a IAG. En su comunicado, señala que los funcionarios responsables asignaron el puntaje máximo al factor «Experiencia del Postor», pese a que los documentos acreditados por IAG no cumplían con las condiciones establecidas en las bases administrativas. Asimismo, resaltó que esta situación pone en riesgo la capacidad del Ministerio para garantizar que se seleccione la oferta más beneficiosa.

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

 

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