Contraloría plantea más recursos para proteger derechos de niños

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Durante su presentación ante la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria del Congreso, el contralor general, Nelson Shack, recomendó a los congresistas aprobar disposiciones legales que permitan destinar un mayor porcentaje de recursos públicos a políticas en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por ello, mencionó que se gasta muy poco en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en 2023 se tiene presupuestado S/ 213 millones, de los cuales solo se ha ejecutado alrededor de S/ 160 millones (75%) a falta de dos meses para culminar el presente año fiscal.

Asimismo, indicó que la Contraloría General realizaría durante el 2024 un operativo de control a nivel nacional enfocado en supervisar la operación de las DEMUNA, los CAR y las UPE destinados a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Indicó que existen 1,722 DEMUNA en todo el país y de los cuales solo 556 están acreditadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), por lo que corresponde revisar qué ocurre con el resto que no están acreditadas y si todas funcionan correctamente.

Agregó que también existen problemas en los CAR, los cuales suman 57 a nivel nacional, pero consideró que debería implementarse un CAR por cada provincia del país. Adicionalmente, indicó que hay 25 UPE a nivel nacional, pero hay dos regiones, como son San Martín y Pasco, que no cuentan con estas instancias que intervienen en casos de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes.

Resultados del control gubernamental

Shack Yalta detalló que la Contraloría General emitió 102 informes de servicios de control a las labores realizadas por las DEMUNA, CAR y UPE entre los años 2021 y 2023, de los cuales 37 corresponden a control posterior y 65 a control simultáneo.

Como resultado de los informes de control simultáneo, la Contraloría emitió 87 alertas a los gestores públicos vinculados a la labor de las DEMUNA, CAR y UPE, de las cuales el 39% ya fueron corregidas, mientras que el 32% no fueron corregidas y el 27% están sin acciones, pero en plazo para adoptar alguna medida que permita corregir esa alerta.

Mientras que el resultado de los informes de control posterior se traduce en la identificación de 45 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en irregularidades en materia de gestión de recursos y operacional de las DEMUNA, CAR y UPE a nivel nacional.

Texto: WSV / NdP
Foto:  Contraloría

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