RÍO DE JANEIRO.- Las autoridades brasileñas no deberían usar la crisis del coronavirus como una excusa para restringir el acceso a la información del gobierno, dijo el Comité para la Protección de los Periodistas.
El 23 de marzo, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó la Medida Provisional 928 , que suspende los plazos para que las autoridades e instituciones públicas respondan a las solicitudes de información presentadas en virtud de la legislación de libertad de información del país, y prohíbe apelaciones en casos de solicitudes denegadas, según la medida, qué CPJ revisó.
Según la medida, esos cambios serán válidos mientras Brasil permanezca en un “estado de calamidad” debido al brote de coronavirus. El 20 de marzo, el Congreso brasileño aprobó un decreto que promulga un estado de calamidad hasta el 31 de diciembre.
Una medida provisional es un instrumento legal que el presidente puede adoptar en situaciones urgentes; entra en vigencia de inmediato, pero el Congreso debe aprobarlo dentro de los 45 días para que se convierta en ley permanente, según el sitio web del organismo.
Hoy, el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó suspender temporalmente los cambios de la medida provisional a la legislación sobre libertad de información en respuesta a una moción presentada por la Orden de Abogados de Brasil, el colegio de abogados del país, según informes de prensa. La Corte Suprema votará si esa suspensión se levantará o si la medida será eliminada, en una fecha que no se ha anunciado, según esos informes. Moraes también citó al Congreso Nacional y a la presidencia para obtener más información sobre la medida, según el sitio web de la Corte Suprema.
“En medio de una creciente crisis de salud pública, es más vital que nunca para los ciudadanos brasileños tener acceso a información confiable”, dijo Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de América Central y del Sur del CPJ, en Nueva York. “El Congreso debería rechazar este intento de utilizar medidas de emergencia como una excusa para reprimir la libertad de expresión o revertir el acceso garantizado constitucionalmente a la información”.
En respuesta a la orden de Moraes, anunciada después de que el CPJ publicó este artículo, Southwick agregó: “Ahora que se ha suspendido la medida provisional que restringe las solicitudes de información pública, debería seguir así”.
La Ley 12.527, conocida como la “Ley del derecho a la información”, entró en vigencia en 2011 y exige que las instituciones públicas respondan a las solicitudes de información dentro de 20 días, con una extensión máxima de hasta 10 días.
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Al suspender esos requisitos, la nueva medida provisional potencialmente viola el derecho constitucional de los ciudadanos brasileños a acceder a información de interés público, según un comunicado conjunto emitido el 24 de marzo por un grupo de organizaciones locales y regionales de la sociedad civil.
“La Ley de Acceso a la Información ya establece instrumentos que permiten a una agencia pública denegar una solicitud de acceso a la información, si no tiene la capacidad de responder”, dijo Marcelo Träsel, presidente de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI) , en un comunicado enviado al CPJ a través de la aplicación de mensajería.
“La Medida Provisional es arriesgada porque, en la práctica, le permite al Gobierno elegir qué solicitudes recibirán una respuesta y cuáles no, sin tener que ofrecer ninguna justificación”, dijo.
Bolsonaro también ha promulgado medidas que penalizan el compartir acusaciones contra políticos, y miembros de su gobierno han hostigado a periodistas que cubren política, como ha documentado el CPJ.