Corte Suprema condena a militar por violación como delito de lesa humanidad

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La Corte Suprema de Justicia de Perú elevó las condenas a dos de los tres militares del Ejército peruano condenados por el secuestro y violación, bajo la consideración de delito de lesa humanidad, de una estudiante universitaria en octubre de 1992, durante el conflicto armado interno, informó el Poder Judicial.

La Sala Penal Permanente de la Corte incrementó de 10 a 16 años de prisión la condena impuesta al coronel retirado Julio Rodríguez, exjefe Departamento de Inteligencia de la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército, por la violación y secuestro de la estudiante.

El tribunal también elevó la pena de 8 a 12 años de prisión para el técnico Carlos Rengifo, al hallarlo culpable del secuestro agravado de la estudiante, y ordenó que sea sometido a un nuevo juicio por violación sexual, al declarar nulo el fallo en primera instancia que lo absolvía de ese delito.

Asimismo, la sala confirmó la condena de cuatro años de cárcel suspendida (sin ingreso a prisión) impuesta a René Benites por el delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro simple.

El mismo tribunal ordenó incrementar la reparación civil que los sentenciados deberán abonar a la agraviada de 250.000 soles (unos 76.500 dólares) a 500.000 soles (unos 153.000 dólares).

La sentencia de primera instancia, emitida el 26 de octubre de 2016 por la Sala Penal Nacional, había condenado a Rodríguez por secuestro y violación y a Rengifo y Benites únicamente por secuestro, mientras que había absuelto al general Luis Pérez.

La víctima, María Monteza Benavides, recurrió el fallo al entender que existen pruebas para condenar por violación a todos los procesados y, además, reclamó que la reparación civil se elevara a un millón de soles (unos 309.000 dólares).

Los militares los militares condenados también habían pedido la nulidad de la sentencia para solicitar la absolución de los delitos y quedar libres de responsabilidad.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer fue detenida en la Universidad Nacional La Cantuta el 30 de octubre de 1992 por dos militares vestidos de civil y conducida a un calabozo de la División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFEE), donde permaneció cinco días.

En ese período, la estudiante fue torturada y violada sexualmente por los militares, por lo que quedó embarazada de una niña que dio a luz.

EFE