Una medida cautelar excepcional ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de suspender los efectos lesivos de la ley que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables en el sistema penal solicitó la Defensoría del Pueblo.
El órgano constitucional pidió esta disposición judicial al referido organismo de manera paralela a la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 32330, que modificó el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a mayores de 16 años como sujetos imputables dentro del sistema penal.
La Defensoría del Pueblo considera en la demanda que esta ley contraviene tratados internacionales firmados por el Estado peruano, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Asimismo, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que fija la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional.
Indica también que la norma evidencia la incompatibilidad de la ley con el marco normativo constitucional, por lo que se la debe corregir mediante el control constitucional impulsado por la Defensoría del Pueblo.
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Por su parte, pidió al Tribunal Constitucional suspender de forma inmediata los efectos de la ley 32330 hasta resolver el fondo del proceso de inconstitucionalidad, como medida orientada a que se prevenga una «afectación inminente e irreparable» a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes en el Perú.
El Ejecutivo promulgó el pasado 11 de mayo la ley que incluye como imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que hayan perpetrado sicariato, extorsión y homicidio calificado, una norma que ha rechazado el Ministerio Público, así como el Poder Judicial.
La norma aprobada previamente en el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y declara imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, junto a otros delitos graves.
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