Su preocupación por el lento y parcial cumplimiento de las recomendaciones dadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR expresó la sección peruana de Amnistía Internacional, AI al cumplirse 20 años de la entrega de ese documento sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Perú, entre los años 1980 y 2000.
En el manifiesto publicado en sus redes sociales, Amnistía Internacional cuestiona que miles de víctimas y familiares aún esperan del Estado peruano justicia y reparación integral efectiva. Además, afirma que persisten las condiciones en las que se desarrolló el conflicto, no permite que se generen las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.
“Recordamos que en 2003 la CVR entregó el resultado de un análisis profundo sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las dos décadas de violencia y destrucción que vivió el Perú, y logró evidenciar el dolor de mujeres, hombres, niños y niñas, la mayoría campesinas y campesinos, con una lengua materna diferente al castellano, víctimas de vulneraciones a sus derechos, que incluyeron masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual contra mujeres, secuestro y toma de rehenes, violaciones de derechos fundamentales de las comunidades indígenas, entre otras vulneraciones”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
El Informe Final de la CVR, que calculó un saldo de 69 280 muertos y desaparecidos, proporcionó valiosa información sobre las causas, los hechos, las responsabilidades y las secuelas del conflicto, y dejó un conjunto de recomendaciones para el logro de la paz y la reconciliación. Sin embargo, a 20 años de la presentación de este documento, y de las disculpas públicas del Estado por la masiva violación de derechos humanos, Amnistía Internacional advierte que las brechas sociales y económicas persisten en la sociedad peruana junto al racismo y la discriminación estructural, y que el acceso de las víctimas y sus familiares a la justicia y reparación es un camino lento y revictimizante. Muestra de ello es que más de 19 mil personas continúan desaparecidas y siguen siendo buscadas por sus familiares, o la demora en la identificación de restos humanos, sin que el Estado proporcione suficientes recursos para este fin.
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