El Ejecutivo oficializó, a través del Decreto Supremo 141-2025-PCM, la Política General de Gobierno 2025–2026: Transición Democrática y Reconciliación Nacional, instrumento que orientará la acción del Poder Ejecutivo hasta julio de 2026.
La política, aprobada en la última sesión del Consejo de Ministros, se estructura en cuatro ejes estratégicos y 27 lineamientos, que establecen las prioridades del Gobierno para garantizar el orden público y seguridad, crecimiento económico, transición democrática y cohesión social.
El primer eje estratégico está orientado al fortalecimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional. Para ello, se prioriza la inteligencia operativa del Estado mediante la cooperación entre los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional, la reducción de delitos de alto impacto y economías ilícitas, el fortalecimiento de la seguridad en zonas de frontera, el debilitamiento del crimen organizado y el restablecimiento de la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas.
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El segundo eje impulsa el crecimiento económico y el destrabe de inversiones, promoviendo condiciones favorables para la inversión privada en sectores estratégicos. Asimismo, contempla la mejora y expansión de la conectividad a nivel nacional, la ejecución de proyectos de infraestructura productiva y el incremento de la productividad, especialmente en zonas de frontera, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
El tercer eje estratégico incorpora intervenciones destinadas a garantizar una transición democrática ordenada y el fortalecimiento de la institucionalidad. Entre sus principales lineamientos se encuentran la promoción de condiciones para la realización de elecciones generales, el avance hacia un Estado moderno, predecible y confiable, y el fortalecimiento del diálogo y la concertación entre los poderes del Estado, el sector privado, los actores políticos y sociales, y la ciudadanía.
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El cuarto eje recoge iniciativas orientadas a la reconciliación nacional, priorizando la atención de las poblaciones más vulnerables. Este eje contempla acciones para garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios básicos, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y reforzar la articulación del Estado para contribuir de manera más eficiente al desarrollo infantil temprano y a la protección integral desde la gestación.
Con la aprobación de esta Política General de Gobierno, el Ejecutivo reafirma su compromiso con una transición ordenada, medible y orientada a resultados, fortaleciendo la predictibilidad del Estado y la confianza de la ciudadanía.