El Poder Judicial (PJ) determinó en horas de la madrugada la reclusión preventiva durante siete días del suboficial de la Policía Nacional Luis Magallanes, quien enfrenta indagaciones por el supuesto delito de asesinato agravado contra Eduardo Mauricio Ruiz Sanz durante la manifestación ocurrida el 15 de octubre en el centro de la capital; en tanto, rechazó la solicitud similar contra el suboficial Omar Saavedra.
El magistrado Abel Centeno Estrada, perteneciente al Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, dirigió la diligencia para validar la reclusión preventiva por delito flagrante contra los dos suboficiales policiales que, luego de una pausa, se retomó a la 01:39 horas y finalizó a las 02:52 horas.
Precisó que la reclusión preventiva judicial de Magallanes finalizará el 23 de octubre de 2025 y que «pese a que no se le pone restricciones a Saavedra, este se encuentra en la obligación de concurrir a todas las diligencias que programe el Ministerio Público y en las que se solicite su presencia».
La representación legal de Luis Magallanes informó que impugnará la resolución del magistrado dentro del periodo establecido por ley (24 horas). La representación legal de Omar Saavedra no atendió la comunicación telefónica realizada para notificarle la resolución del magistrado, por lo cual se le concedió un periodo de 48 horas para presentar un documento explicando su ausencia en la audiencia.
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Fundamentos de la resolución judicial
Al exponer sus fundamentos, el magistrado Centeno explicó que al tratarse de un solo proyectil el que habría provocado el deceso de Eduardo Ruiz, se estima que el suboficial Magallanes estaría involucrado en el fallecimiento mientras que se elimina, al menos provisionalmente, la intervención de Saavedra en el suceso.
De acuerdo con el magistrado, Magallanes «solo cuenta con arraigo laboral» al existir un «vínculo con la Policía Nacional del Perú», pero «no existe arraigo familiar» y el «arraigo domiciliario es de intensidad muy baja», ya que reside «en un domicilio alquilado».
Por consiguiente, subrayó, «sí se observa cierto peligro de fuga» del investigado por un daño grave como es el atentado al derecho fundamental de la vida. El magistrado estimó que el arma no fue utilizada de forma proporcional y que, aunque el agente policial presenta lesiones corporales, estas serían posteriores al disparo.
Posición del Ministerio Público
En la diligencia, el fiscal provincial Roger Yana Yanqui, de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, argumentó que ninguno de los dos agentes policiales cuenta con arraigo laboral, familiar ni domiciliario.
Del mismo modo, indicó que existe un riesgo de fuga inminente que podría provocar que se sustraigan de la justicia y evitar la averiguación de la verdad, en razón de la gravedad del delito por el cual se les investiga y a su condición de miembros de la Policía Nacional.
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Expresó que si bien hay una norma que exime de responsabilidad a la policía en el uso de su arma de fuego, aseguró que debe ser en forma reglamentaria y en uso proporcional de la fuerza. «Lo que se ve en el video de los hechos es que no está en peligro su integridad y su vida», indicó.
Mientras tanto, Stefano Miranda, abogado de Luis Magallanes, refirió que su cliente se encuentra injustamente acusado de homicidio calificado, fue detenido sin orden judicial e hizo uso de su arma de fuego en un contexto de peligro real e inminente de muerte.
Sostuvo además que la norma exime de responsabilidad a los policías que usen su arma de fuego en situaciones de flagrancia y cuando se ponga en peligro su vida, y también impide que sean sometidos a detención preliminar o prisión preventiva.
«Mi defendido no ha disparado contra un ciudadano inocente, ha disparado contra el caos y ha disparo hacia el piso, las pericias deben determinar si ese rebote le causó la muerte al señor, para eso no necesitamos tenerlo preso», sostuvo.
La representación del agente Omar Saavedra Bautista, por su lado, solicitó igualmente que se rechace el requerimiento de la fiscalía, al amparo de la norma que impide a un fiscal pedir la detención preliminar de un policía que hace uso de armas o medio de defensa en forma reglamentaria.
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Declaraciones de los involucrados
Luis Magallanes, por último, intervino desde el hospital para señalar que como policía su función ha sido salvar vidas y proteger a la sociedad. Indicó que esa noche fue rodeado por un grupo de manifestantes que lo identificó como efectivo policial y lo agredió físicamente. Las acusaciones en su contra, dijo, afectan su honor, imagen y trayectoria profesional.
Los dos agentes de la Unidad de Secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) admitieron haber efectuado disparos disuasivos ante el peligro inminente debido a que eran perseguidos por una multitud —algunos en aparente estado de ebriedad—, y no contra el ahora occiso ciudadano.
Eduardo Ruiz Sanz fue alcanzado por un proyectil en el tórax en las inmediaciones de la plaza Francia, Cercado de Lima, tras participar en una manifestación la noche del último miércoles.
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