El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo ha dispuesto la emisión de un informe complementario dirigido a la coordinadora de fiscalización de la entidad. El objetivo de esta medida es esclarecer el empleo de una cámara de propiedad del Congreso de la República para registrar o transmitir el evento político donde Keiko Fujimori, líder de la agrupación Fuerza Popular, hizo pública su cuarta postulación a la presidencia el pasado 30 de octubre en Huanchaco, Trujillo.
A través de la resolución00113-2025-JEE-PCYO/JNE, el JEE de Pacasmayo estableció “que se precise e identifique servidor público» del Poder Legislativo «que utilizó la cámara institucional para grabar el evento político de la organización Fuerza Popular». La entidad fiscalizadora enfatizó que este equipo de grabación constituye un bien público debidamente inventariado y cuya asignación es exclusiva para las funciones parlamentarias.
El diario El Comercio reportó el lunes anterior, citando diversas fuentes, que Daniel Luza Amesquita sería la persona señalada por haber utilizado la cámara en el acto proselitista fujimorista realizado en el norte del país.
Según la información disponible en el portal de Transparencia del Parlamento, Luza Amesquita se desempeñó como técnico en la Oficina de Participación Ciudadana hasta finales de octubre. Dicha oficina está adscrita a la Primera Vicepresidencia del Congreso, un cargo actualmente controlado por la bancada de Fuerza Popular a través de Rospigliosi. Su remuneración mensual alcanzaba los S/5,166.
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📸 Proceso de identificación de responsables
El organismo electoral de Pacasmayo también ha solicitado que se determine la identidad del alto funcionario del Parlamento que ejercía la titularidad de la Oficialía Mayor en el momento en que el equipo fue retirado de la sede institucional.
Esta exigencia se basa en que el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, declaró en sus descargos que se encontraba gozando de vacaciones al momento de los hechos.
En el mismo documento resolutivo, se deja constancia de que el segundo miembro del JEE de Pacasmayo, Hernán Peet Urdanivia, manifestó su desacuerdo con esta nueva resolución, pues «está conforme con los informes de fiscalización ya emitidos».
En su primer reporte, Luz Chiroque Cruz, coordinadora de fiscalización del JEE de Pacasmayo, subrayó que si bien el servidor público involucrado «en el uso indebido» de la cámara del Congreso formalizó su renuncia el 1 de noviembre, esta dimisión «no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos ocurridos».
Adicionalmente, indicó que el comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre «no constituye un deslinde de responsabilidad respecto de otros funcionarios con deberes de vigilancia y control, como el oficial mayor y el presidente del Congreso».
⚖️ Posibles Implicancias Legales y Funcionales
Por lo tanto, Chiroque Cruz concluyó que la acción del empleado del Congreso que empleó el equipo de grabación «podría configurar peculado por uso, situación que se enmarca en el artículo 387° del Código Penal».
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Además, señaló que el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en su calidad de máxima autoridad administrativa y jerárquica de la institución, «incurrió en responsabilidad funcional al no cautelar el uso adecuado de los bienes públicos bajo su custodia, acto que favoreció a la organización política Fuerza Popular».
Finalmente, precisó que la conducta del presidente del Congreso «configuraría una infracción conforme al subnumeral 32.1.2, del numeral 32.1 del artículo 32° del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral».
Foto Fuerza Popular