QUITO.- Ecuador está hoy a 24 horas de otra cita electoral para responder cuatro preguntas, incluida la posibilidad de modificar la Constitución y el retorno de bases militares extranjeras.
La jornada, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca validar cambios que su Gobierno considera clave para enfrentar al crimen organizado y reformar la arquitectura institucional del país, pero las propuestas enfrentan numerosas críticas.
Tres de las interrogantes buscan modificar la actual Carta Magna y por eso son consideradas preguntas de referéndum y la última pregunta es una consulta popular para saber si la ciudadanía quiere una nueva ley de leyes.
En la papeleta, la primera pregunta plantea eliminar la prohibición constitucional de permitir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
Noboa defiende esa iniciativa, prohibida en el artículo cinco del texto constitucional vigente, como una herramienta para enfrentar organizaciones criminales ante la creciente violencia.
Alega que la cooperación internacional no comprometerá la soberanía y que Ecuador necesita apoyo externo para contener un escenario que ya acumula más de siete mil 450 homicidios entre enero y octubre.
Organizaciones sociales y movimientos políticos rechazan de forma frontal la propuesta.
Aseguran que abre la puerta a agendas externas, que no ha demostrado eficacia –como recuerdan los antecedentes de la base estadounidense en Manta entre 1999 y 2009– y que podría derivar mayor control interno sobre la ciudadanía.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó recientemente enclaves en Manta y Salinas, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington consideraría “muy seriamente” volver si Ecuador lo solicita.
La segunda pregunta propone suprimir el Fondo Partidario Permanente, que financia actividades de formación y funcionamiento interno de las organizaciones políticas.
El Gobierno afirma que eliminar el fondo reducirá gastos y obligará a los partidos a vivir de aportes privados, sin embargo, quienes se oponen argumentan que eso debilita la democracia y favorece a quienes tienen más recursos.
Además, especialistas temen que, sin controles estatales, aumente el riesgo de financiamiento ilícito en un país donde el crimen organizado infiltró estructuras políticas.
La tercera interrogante propone recortar el número de asambleístas casi a la mitad, una propuesta que parece haber calado en la ciudadanía, que la asocia a una reducción del gasto público.
No obstante, juristas y figuras de oposición sostienen que la medida disminuiría la representación democrática y afectaría sobre todo a las provincias pequeñas, que pasarían a tener apenas un legislador.
La cuarta pregunta –única de consulta popular– plantea convocar una Asamblea Constituyente de 80 miembros para remodelar la Constitución, que luego deberá ser sometida a plebiscito.
Para Noboa, la nueva Carta Magna permitiría reorganizar el Estado, reformar instituciones como la Corte Constitucional, responder a la inseguridad y reducir el número de artículos de 444 a 180.
Críticos, sin embargo, sostienen que el proceso podría convertirse en un “cheque en blanco” que aumente el poder del Ejecutivo y permita retrocesos en derechos.
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea de Montecristi, afirma que el Gobierno busca reemplazar un texto que “incomodó a las élites”, mientas otros expertos advierten que no existen garantías de que derechos como la educación superior gratuita o los de la naturaleza se mantengan.
La polémica aumentó cuando Noboa insinuó que la Constitución podría redactarse con inteligencia artificial, aunque luego se retractó y adelantó nombres de posibles constituyentes, entre ellos su madre, Anabella Azín.
De ser aprobada esa pregunta, Ecuador deberá votar dos veces más: una para elegir a los constituyentes y otra para ratificar la modificada Constitución, en un proceso que podría extenderse por más de un año.
Las cuatro propuestas llegan en un contexto de violencia extrema, crisis económica y desconfianza institucional.
Noboa actúa como si la victoria del Sí este domingo 16 de noviembre estuviera asegurada, pero el desenlace lo decidirá la ciudadanía en un proceso que costará unos 60 millones de dólares.
Ecuador: votan para decidir sobre nueva Constitución y vuelta a bases extranjeras
Fuente y foto Prensa Latina