QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en nueve provincias y en un par de comarcas del país durante un periodo de 60 días tras detectar un incremento del 18% en el número de muertes violentas en esos territorios entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
«Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar», detalla el decreto firmado por el presidente ecuatoriano.
La medida estará en vigor durante dos meses y acarrea la suspensión en las mencionadas provincias y comarcas de la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
«La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá a la fuerza pública la realización de allanamientos inmediatos, cuando existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se oculten integrantes de grupos armados organizados o de estructuras de delincuencia organizada», recoge el documento.
La posibilidad de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano allanen un domicilio también estará justificado en el caso de que «se encuentren armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización, instrumentos u otros objetos cuya tenencia o uso sea constitutivo de infracción penal, o que resulten relevantes para prevenir, mitigar o neutralizar amenazas en curso o inminentes y asegurar indicios o evidencias para su judicialización».
En tanto, la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia supone que se podrá realizar la identificación, el análisis y la recopilación de la información «estrictamente pertinente, cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas» relacionadas con los hechos que han motivado el decreto.
«La aplicación de esta medida se efectuará de manera excepcional y caso por caso, sin exceder los fines del estado de excepción ni emplearse para acceder a información ajena a dichos fines; y requerirá, para cada intervención, un informe motivado del órgano competente que identifique la información requerida y exponga las razones que justifican el acceso, priorizando, siempre que sea posible, los mecanismos previstos en el régimen ordinario, conforme a la normativa aplicable», agrega.
En cuanto a la argumentación para declarar el estado de excepción, los informes policiales incluidos en la documentación apuntan que entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 se produjeron un total de 1.232 muertes violentas en las zonas afectadas por el estado de excepción decretado, lo que supone un 18% más de homicidios intencionados que en el mismo periodo del año anterior.
En esa línea, los análisis estadísticos realizados en el mencionado periodo y aportados en el decreto también apuntan que las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena concentran el 92,1% de la violencia a nivel nacional en Ecuador.
Europa Press