WASHINGTON.- Fuerzas estadounidenses abordaron este domingo el petrolero ‘Bella-1‘ cuando se dirigía a la costa de Venezuela, ahora mismo bajo un bloqueo marítimo establecido por el Ejército de EEUU, en la tercera incursión contra un navío en las inmediaciones de aguas venezolanas en lo que va de mes. Sin embargo, no habrían logrado hacerse con el control del buque y continúan con la persecución, según fuentes estadounidenses.
El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos en el momento de la intervención, según fuentes de Bloomberg.
Sin embargo, más tarde fuentes estadounidenses citadas por medios de ese país indicaron que efectivos de la Guardia Costera continúan persiguiendo al buque. La operación habría sido incluso autorizada por el Gobierno de Panamá, país bajo cuyo pabellón navega el petrolero, informa el portal de noticias estadounidense Axios.
El ‘Bella-1’ se encuentra desde junio de 2024 en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.
El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha «asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico» para la fuerza iraní.
La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero ‘Skipper’, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero ‘Centuries’ durante la noche del sábado a este domingo.
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El Gobierno de Venezuela condenó estas incursiones como un «robo» de sus activos, con el agravante de que se trata de un «secuestro» de las tripulaciones de estos navíos «cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales», según un comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro tras conocer el abordaje del ‘Centuries’.
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Las autoridades venezolanas calificaron de «piratería» estas confiscaciones que, a juicio de Caracas, incumplen varias normas del Derecho Internacional y suponen una «flagrante comisión» de un «delito».
El Ejecutivo venezolano «ejercerá todas las acciones correspondientes» para que estos actos no queden «impunes», entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Europa Press