WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump este viernes retiró el visado a Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, quien investiga supuestos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán entre 2003 y 2004
Tras conifmarse la insólita medida, la magistrada gambiana aseguró que seguirá cumpliendo con sus funciones “sin miedo y sin favoritismos”.
Estados Unidos no es miembro de la CPI y en marzo Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, señaló su disposición a rechazar la entrada de funcionarios “que investiguen a nuestro personal en relación con Afganistán”, por considerar que violaba su soberanía nacional.
El caso de Afganistán no se ha abierto formalmente en la CPI debido a que la fiscal tiene que convencer antes a los jueces de la validez de “los indicios fundados de los delitos perpetrados por militares estadounidenses” señalados en el informe que les remitió en 2017.
Entre estos se incluyen las supuestas torturas padecidas por 61 prisioneros a manos de tropas de EE UU. Los servicios de inteligencia también abusaron de otras 27 personas internadas en cárceles secretas abiertas en Afganistán y en Polonia, Rumanía y Lituania, según la fiscalía.
Afganistán sí es miembro de la Corte, de ahí que los ciudadanos de Estados Unidos que hayan cometido delitos en su suelo puedan ser perseguidos por la justicia internacional.
El informe preliminar de Bensouda incluye a soldados afganos, talibanes, al grupo guerrillero Haqqani, cercano a estos y activo además en Pakistán, y a personal de la CIA entre los presuntos autores de crímenes de guerra y contra la humanidad. En total, se trata de 699 víctimas de torturas supuestamente aplicadas, asimismo, “por el Gobierno afgano y sus servicios secretos y policiales”.