WASHINGTON/EEUU.- El Tribunal Supremo determinó este martes que una parte de la ley que facilita las deportaciones de inmigrantes condenados por un delito no se puede poner en práctica porque es demasiado vaga al no definir qué es un “crimen violento“.
De esta manera se limita la capacidad del Gobierno para deportar a inmigrantes con antecedentes debido a que la mencionada ley hasta ahora permitía acelerar la expulsión de aquellos extranjeros condenados por un crimen indefinido.
La decisión fue muy ajustada, con solo cinco de los nueve magistrados a favor, entre los que figuró el conservador Neil Gorsuch, nombrado el año pasado por el presidente, Donald Trump, y que interpreta la Constitución de manera literal sin tener en cuenta los cambios de la sociedad actual.
Con su fallo, el tribunal confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que en el 2015 ya anuló esa provisión de la ley al considerarla demasiado confusa.
La decisión del Tribunal Supremo es un golpe para el presidente Donald Trump, que verá mermada su capacidad para acelerar la deportación de extranjeros con antecedentes penales.
El caso está centrado en la figura de James Dimaya, un filipino que llegó a Estados Unidos en 1992 con 13 años y, en el 2007 y 2009, fue condenado por dos delitos de robo, por los que fue condenado en total a cuatro años de prisión.
Entonces, en el 2010, el Gobierno comenzó el proceso para deportarle porque, a su juicio, los robos por los que había sido condenado podían considerarse “crímenes violentos” y, por tanto, su expulsión estaba amparada por esa provisión recogida en la ley federal. (ECHA – Agencias)