El titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, informó que se ha puesto a disposición de los familiares de los trece mineros asesinados en Pataz un equipo multidisciplinario de la Defensa Pública para que alcancen justicia.
El equipo lo integran la defensa de víctimas, peritos criminalísticos y defensa legal.
«Dos familias han aceptado el apoyo, para que los ayuden en los trámites. Se les da la información y guía correspondiente», explicó el ministro.
Eduardo Arana, quien participó en la conferencia de prensa, en el Palacio de Gobierno, donde las autoridades informaron sobre las acciones ante estos hechos, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
Sobre el toque de queda dispuesto en Pataz, como anunció hoy lunes la jefa de Estado Dina Boluarte, consideró que es una medida de excepción que se adopta cuando la paz y el orden interno resultan afectados.
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«Lo que estamos viendo es el estado de emergencia, eso se ha dispuesto permanentemente por este gobierno. Hoy se ha dispuesto que el comando político militar corresponde a las Fuerzas Armadas», indicó.
Sostuvo que en este caso no corresponde el estado de sitio, aplicable en casos de guerra exterior.
El ministro Arana invocó a la Comisión de Justicia del Congreso a poner el debate la aprobación de la propuesta de terrorismo urbano propuesto por el Poder Ejecutivo y se sumó al pedido para la delegación de facultades en lucha contra la criminalidad que se presentará al Parlamento.
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Subrayó además que el diciembre del 2023, al amparo de las facultades legislativas del Ejecutivo, se aprobó el Decreto Legislativo 1607, que hizo modificaciones en Ley de Crimen Organizado respecto a los mineros ilegales que hacían uso de material explosivo para la extracción de minera.
«La norma que era de vital importancia para controlar la minería ilegal, fue derogada por el Congreso el marzo de 2024. Se regulaba el uso indebido de elemento que usan la minería ilegal», recalcó.
Foto Andina