El Ejecutivo extendió por dos meses más el régimen de excepción en las localidades fronterizas de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la provincia y departamento de Tacna, además de declarar esta medida en el distrito de Tarata, para enfrentar la delincuencia organizada y otras formas de violencia que afectan el sur del territorio nacional.
La medida fue formalizada a través del Decreto Supremo 013-2026-PCM, que determina que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá la responsabilidad del control del orden interno, contando con respaldo de las Fuerzas Armadas. Los operativos se planificarán según información de inteligencia, datos estadísticos y cartografía criminal preparada por las instituciones pertinentes.
🔒 Restricciones a derechos durante la emergencia
Mientras dure el régimen de excepción, quedarán limitados derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de desplazamiento, de congregación y la seguridad individual en los distritos incluidos en la disposición. Además, las concentraciones religiosas, culturales, deportivas y otras actividades masivas requerirán aprobación anticipada de las autoridades correspondientes.
El decreto establece también que el burgomaestre provincial de Tarata deberá integrarse al Comando de Coordinación Operativa Unificada, mientras que el Serenazgo de esa localidad se sumará a las fuerzas integradas para mantener el orden interno, reforzando la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales.
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📋 Obligación de rendir cuentas tras la medida
La normativa indica que, al término del periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada tendrá que elaborar un reporte detallado de los resultados obtenidos al Ministerio del Interior, documento que luego será remitido a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, junto con las sugerencias pertinentes.
De acuerdo con el Ejecutivo, la disposición tiene como propósito asegurar la presencia efectiva del Estado en territorios afectados por ilícitos como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes y contrabando, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y la protección de grupos en condición de vulnerabilidad.
Foto Andina