El Gobierno extendió el estado de emergencia por 60 días adicionales en la provincia de Pataz, La Libertad, a partir del 8 de junio de 2025. El objetivo principal de esta medida es mantener el orden público y la seguridad, combatiendo directamente la minería ilegal que afecta la zona.
Esta disposición fue oficializada a través del Decreto Supremo 077-2025-PCM, el cual fue publicado en las normas legales del diario oficial El Peruano.
La extensión del estado de emergencia se justifica por la necesidad de enfrentar a grupos violentos y otras amenazas relacionadas con actividades delictivas en una provincia conocida por su alta conflictividad y la presencia de minería ilegal.
Durante este nuevo periodo, las Fuerzas Armadas continuarán a cargo de la seguridad interna, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas instituciones están obligadas a actuar en conformidad con los principios del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La medida implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, tal como lo permite el artículo 137 de la Constitución.
A pesar de las restricciones, el decreto supremo asegura que las actividades mineras formales y aquellas en proceso de formalización puedan seguir operando. Además, se permite la libertad de tránsito entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. para quienes estén inscritos y con registro vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Adicionalmente, se ha establecido un toque de queda obligatorio en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Solo el personal de servicios esenciales (como salud, seguridad, telecomunicaciones, electricidad, agua, limpieza, funerarias y farmacias) podrá circular en este horario. También se permiten desplazamientos por emergencias médicas o para comprar medicamentos urgentes.
En este contexto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumirá el liderazgo unificado en la provincia, trabajando en conjunto con diversas instituciones del Estado, como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Migraciones, SUCAMEC y los gobiernos locales.
Una vez finalizado el estado de excepción, el Comando Unificado debe entregar un informe de los resultados a los Ministerios de Defensa e Interior en un plazo de cinco días hábiles. Las operaciones serán financiadas con el presupuesto asignado a los sectores involucrados, con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta extensión del estado de emergencia busca restablecer el orden, proteger a la población y permitir el desarrollo de actividades económicas legales en una zona gravemente afectada por la minería ilegal y la inseguridad.
Finalmente, el documento cuenta con las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro del Interior, Carlos Malaver; y el ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano.