El vocero del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, manifestó el rechazo total del Gobierno hacia las medidas ejecutadas durante la jornada matutina por parte de la Fiscalía en el contexto de una pesquisa judicial, señalando que estas decisiones representan un apoyo al caos político y una agresión contra el sistema institucional del país.
La declaración fue comunicada mediante una posición oficial unificada de los miembros del Gabinete efectuada en la sede del Poder Ejecutivo, posterior a la decisión de la autoridad fiscal que constituye una «agraviante del orden constitucional y que afecta la gobernabilidad y la democracia en nuestro país».
«El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público que, con estas acciones, se está poniendo desde el lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia del Estado de Derecho y de la institucionalidad, situación que como peruanos, no debemos permitir», dijo.
Del mismo modo, señaló que «estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático».
Gobierno defiende garantías constitucionales ante medidas judiciales
Por otro lado, destacó que la garantía constitucional de la inviolabilidad domiciliaria cuenta con amparo en la Carta Magna y el ordenamiento penal nacional, al igual que en diversas naciones, «en tanto su vulneración afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas».
«El allanamiento, como acto procesal que faculta el ingreso forzoso y legítimo a un inmueble, constituye una excepción a dicho derecho fundamental», refirió.
La administración gubernamental considera que las diligencias de registro domiciliario solicitadas por la autoridad fiscal y aprobadas por la instancia jurisdiccional contra un integrante del núcleo familiar de la mandataria nacional, junto a procedimientos similares implementados de manera excesiva contra funcionarios del gabinete, dirigentes políticos y ciudadanos comunes, evidencian un empleo desmedido de una herramienta legal extraordinaria, generando graves vulneraciones a las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.
«A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora presidenta de la república —y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos—, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución», agregó.
Críticas a interpretaciones jurídicas en procedimientos fiscales
Asimismo, precisó que en la implementación abusiva de estas herramientas extraordinarias, que limitan derechos y libertades ciudadanas, se evidencian fallas legales inaceptables, como el empleo de conceptos no contemplados en la legislación nacional, específicamente el término denominado «tercero vinculado».
Igualmente, apuntó que en la implementación excesiva de estas medidas excepcionales, que restringen derechos y libertades de los ciudadanos, se muestran errores jurídicos inadmisibles, como la utilización de figuras inexistentes en nuestro ordenamiento, tal es el caso del denominado «tercero vinculado».
El representante gubernamental concluyó que tras la emisión del fallo del máximo intérprete constitucional que clarifica el artículo 117 de la Constitución, se desarrollan estas diligencias que únicamente pretenden generar inestabilidad nacional, instrumentalizar el sistema de justicia y convertirlo en un mecanismo de represalia partidaria que daña gravemente la institucionalidad democrática y que facilitaría la persecución de servidores públicos, líderes políticos y sus respectivas familias.
«Luego de emitida la resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución, se ejecutan este tipo de acciones, que solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias», añadió.
RESUMEN DETALLADO
Se informa sobre la posición oficial del Gobierno frente a las investigaciones fiscales desarrolladas durante la mañana de hoy miércoles. El vocero Eduardo Arana expresó el rechazo total del Ejecutivo hacia estas medidas, calificándolas como un ataque a la institucionalidad democrática.
🏛️ Gobierno vs. Ministerio Público ⚖️
Rechazo a acciones que «socavan la institucionalidad»
Fecha: [Según el contexto, o se puede omitir si no es específica]
Fuente: Declaración del Gobierno de la República
Punto Clave 1: Rechazo Firme del Gobierno
¿Quién? El Consejo de Ministros en pleno, liderado por Eduardo Arana (Presidente del Consejo de Ministros).
¿Qué? Manifiesta «firme rechazo» a recientes diligencias del Ministerio Público.
Acusación principal: Las acciones «socavan la institucionalidad» y promueven el «desgobierno».
Impacto: Considerado un acto «agraviante del orden constitucional» que pone en riesgo la gobernabilidad y democracia.
Punto Clave 2: Abuso de Poder y Desestabilización
Declaración de Arana: «Rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público».
Posicionamiento del MP: Se está «poniendo desde el lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia del Estado de Derecho y de la institucionalidad».
Mensaje del Gobierno: «Estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático.»
Punto Clave 3: Uso Desproporcionado de Medidas Judiciales
Derecho violado: Inviolabilidad del domicilio (pilar de la intimidad y seguridad personal).
Allanamiento: Medida excepcional que se ha convertido en «uso excesivo».
Ejemplos citados: Medidas contra un familiar de la presidenta, ministros, políticos y ciudadanos.
Crítica jurídica: «Errores jurídicos inadmisibles», como el uso de la figura «tercero vinculado» (inexistente en la legislación).
Consecuencia: «Seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución».
Punto Clave 4: Politización de la Justicia
Motivación (según Arana): Desestabilizar el país y «politizar la justicia».
Uso del sistema judicial: Calificado como «un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad».
Peligro: «Permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias», lo que atenta contra el Estado de derecho.
En resumen: El Gobierno peruano acusa al Ministerio Público de abuso de poder y desestabilización, señalando el uso desproporcionado y jurídicamente erróneo de medidas judiciales, y denunciando la instrumentalización de la justicia con fines políticos.
Fotos Flickr