El Poder Ejecutivo ha oficializado la decisión de ampliar, durante dos meses, las medidas de excepción en diversas zonas del país. A partir del 27 de noviembre de 2025, esta disposición entrará en vigor en doce distritos y ocho centros poblados ubicados en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco.
Además de estas localidades, la normativa incluye áreas estratégicas críticas: las franjas territoriales del Eje Energético del Gas de Camisea y el Corredor Operacional Fluvial-Terrestre del Ene.
El Decreto Supremo 133-2025-PCM, difundido a través del boletín de normas legales, establece el marco legal para esta prórroga. Mientras la medida esté activa, quedarán restringidos ciertos derechos constitucionales. Específicamente, se suspende la inviolabilidad del domicilio y se limitan las libertades de tránsito, reunión y seguridad personal.
🛡️ Control del orden interno
El liderazgo de las operaciones de seguridad recaerá sobre las Fuerzas Armadas, las cuales contarán con el respaldo operativo de la Policía Nacional del Perú. Su misión principal es neutralizar a grupos hostiles y mitigar cualquier amenaza que ponga en riesgo a la ciudadanía.
El uso de la fuerza por parte del personal militar se regirá estrictamente por lo estipulado en el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, todas las intervenciones deberán alinearse con el respeto a los Derechos Humanos y lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1095.
📋 Informes y financiamiento
La conducción estratégica estará a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la figura de Comando Unificado. Esta entidad tiene la responsabilidad de enviar reportes periódicos y finales al Ministerio de Defensa, documentación que posteriormente será remitida tanto a la Presidencia de la República como al Congreso.
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Finalmente, la norma aclara que no se destinarán partidas adicionales para estas acciones. Todo el despliegue logístico y operativo se costeará con los presupuestos institucionales que ya poseen los pliegos involucrados.
Foto Andina