El Perú emitió S/ 18,000 millones anuales en bonos sostenibles ¿Cuáles son las razones?

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Desde una perspectiva macroeconómica global, la cifra de S/ 18,021 millones en promedio anual que el Perú ha emitido en bonos sostenibles no es una casualidad, sino el resultado de una ingeniería financiera deliberada.

Este volumen responde a una estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que busca alinear las necesidades de financiamiento del Estado con la creciente demanda global por activos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). En un entorno de volatilidad, el Perú ha sabido capitalizar su estabilidad para atraer capital que busca no solo retorno, sino también cumplimiento de mandatos de sostenibilidad.

El motor detrás de esta emisión masiva es la ejecución del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Al integrar la ecoeficiencia y las inversiones verdes en la política fiscal, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solo está financiando el presupuesto, está enviando una señal potente a los mercados: el crecimiento peruano se está desacoplando de modelos obsoletos.

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Esta alineación permite que cada sol emitido tenga un multiplicador económico mayor, al dirigirse a sectores que cierran brechas estructurales críticas como agua, saneamiento y electrificación rural.

Es crucial matizar que el pico de S/ 19,761 millones alcanzado en 2024, superando los registros de 2023 y 2021, demuestra una curva de aprendizaje y confianza consolidada. No se trata solo de emitir deuda, sino de la capacidad de absorción del mercado. El hecho de que en lo que va de 2025 ya se hayan colocado más de S/ 4,700 millones en el mercado local valida la tesis de que existe un apetito resiliente por la deuda soberana peruana, incluso en contextos de incertidumbre financiera global.

Desde el análisis de riesgo, estos instrumentos ofrecen una ventaja competitiva: la diversificación de la base de inversionistas. Al emitir bonos temáticos, el Perú accede a fondos especializados que no comprarían deuda soberana tradicional. Esto reduce la exposición a la volatilidad de los flujos de capital convencionales y permite gestionar la deuda pública con mejores condiciones de costo y plazo, una jugada maestra para la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

La transparencia es la moneda de cambio en este mercado, y el Reporte de Asignación e Impacto del MEF actúa como el garante de esta confianza. Los inversores de 2025 exigen trazabilidad; necesitan saber que su capital está construyendo viviendas sociales o mejorando servicios de salud. La capacidad del Perú para demostrar métricas claras de impacto social y ambiental es lo que diferencia a un emisor «top tier» de uno emergente promedio, consolidando su reputación como un emisor confiable y predecible.

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Mirando hacia el futuro inmediato, la actualización del Marco del Bono Sostenible prevista para 2026 es un paso estratégico necesario para evitar la obsolescencia. La inclusión de nuevas categorías verdes y sociales, alineadas con estándares globales más rigurosos, permitirá al país capturar nuevas olas de liquidez internacional. Esto es vital para mantener la competitividad frente a otros soberanos que también compiten por este pool limitado de capital verde.

Sin embargo, el éxito de este modelo no debe ocultar el desafío de la ejecución. Movilizar el financiamiento es el primer paso; la conversión eficiente de esos recursos en infraestructura tangible (hospitales, redes de agua, escuelas) es donde se juega la verdadera rentabilidad social del bono. La ministra Denisse Miralles acierta al vincular estos bonos con el bienestar ciudadano, pero la vigilancia sobre la calidad del gasto público debe ser tan rigurosa como la estructuración financiera de la deuda.

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El Perú se ha posicionado como un líder regional indiscutible en finanzas sostenibles, no por moda, sino por supervivencia y visión económica. Emitir bonos sostenibles por este volumen es una declaración de principios: el país está apostando por un modelo de desarrollo resiliente. Para el inversor y el ciudadano de 2025, esto significa que las finanzas públicas peruanas están evolucionando para enfrentar los riesgos climáticos y sociales del siglo XXI con herramientas modernas y robustas.

Foto Andina