El titular de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, brindó declaraciones respecto al congelamiento de activos impulsado por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, mediante la empresa española ACS, por un monto superior a los 315 millones de dólares en el contexto del conflicto legal internacional relacionado con la Línea 2 del Metro de Lima.
De acuerdo con las explicaciones del responsable del MTC, en la actualidad la aplicación del fallo arbitral se encuentra detenida, en tanto el Estado peruano prosigue con su estrategia de defensa jurídica en el ámbito internacional.
El funcionario subrayó que esta decisión no ocasionará demoras en los trabajos de construcción y destacó la labor articulada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para prevenir el deterioro de los fondos estatales.
Polémica resurge por manejo de megaproyectos
El embargo recientemente autorizado en Luxemburgo contra patrimonio estatal peruano —derivado del fallo parcial del CIADI que favoreció al grupo empresarial ACS y su reclamo por incumplimientos y costos adicionales en la Línea 2 del Metro de Lima— reactivó la controversia sobre la administración de grandes proyectos y los peligros de disputas internacionales.
Florentino Pérez embarga US$ 315 millones al Perú por disputa con Línea 2 del Metro
Conforme a la posición del ministro Sandoval, preservar el enfoque jurídico y la articulación entre instituciones constituye un factor fundamental para afrontar el procedimiento y salvaguardar los intereses del país.
Defensa estatal mantiene recursos legales activos
«Hay un laudo que está en camino y del que hubo una primera sentencia, pero que no se ajustaba a las demandas iniciales. El Ministerio de Economía y Finanzas ha apelado y ha hecho revisar y eso ha quedado suspendido y seguirá su curso jurídico. Adelantar opiniones respecto a ese tema sería interferir en las decisiones que no están en mi competencia», mencionó Sandoval a la prensa.
El ministro resaltó que la resolución luxemburguesa no representa un congelamiento inmediato, debido a que la representación legal del Estado ha presentado «por conducto jurídico y legal» sus reparos ante el tribunal ad hoc del CIADI, situación que mantiene la ejecución temporalmente paralizada.
«Se ha suspendido porque no calzan las sumas de acuerdo con las cantidades. No son las que realmente se han puesto en el laudo. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas ha recurrido por conducto jurídico y legal. Hay que esperar, finalmente, la sentencia», indicó el titular de Transportes.
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