El miércoles el CAL evaluará suspensión de 5 miembros de la Junta Nacional de Justica

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El Colegio de Abogados de Lima (CAL) discutirá este miércoles 12 de agosto la posible suspensión temporal de cinco miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a una denuncia por supuestas faltas éticas en su ejercicio profesional. La audiencia, que comenzará a las 17:00 horas, analizará una medida cautelar solicitada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Los abogados Gino Ríos Patio, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Germán Serkovic Gonzáles y Cayo Galindo Sandoval, todos pertenecientes a la JNJ, están implicados en este caso. El Consejo de Ética del CAL decidirá si hay fundamentos suficientes para suspenderlos mientras se lleva a cabo el proceso disciplinario.

La denuncia, presentada el 4 de julio, se refiere a eventos ocurridos en julio del año pasado. Entre los señalamientos principales está la solicitud para reintegrar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, aunque Delia Espinoza ya ocupaba ese puesto.

 

 

Además, se alega que estos abogados habrían promovido acciones asociadas a un gobierno de facto al solicitar al comandante general de la Policía Nacional el empleo de la fuerza pública. También se les cuestiona por presunto incumplimiento del deber ético de transparencia.

La acusación sugiere que estas acciones podrían haber infringido el Código de Ética del Abogado, que exige respeto a la ley, probidad e integridad profesional.

La solicitud de suspensión aún no implica una sanción definitiva. La audiencia permitirá al Consejo de Ética determinar si es pertinente aplicar la medida cautelar durante el desarrollo del proceso disciplinario.

 

 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destaca la relevancia del caso debido a la gravedad de los hechos denunciados, subrayando que algunas actuaciones motivaron un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las organizaciones demandantes argumentan que este tipo de acciones pueden socavar la confianza pública en la profesión legal y critican que abogados encargados de defender el orden jurídico puedan supuestamente involucrarse en actividades contrarias al sistema democrático y constitucional.

 

 

Texto: WSV
Foto: Composición

 

 

 

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