MADRID.- La Justicia española ha abierto una investigación contra la multinacional Telefónica y la empresa Lazard por su posible responsabilidad en un presunto delito de corrupción entre particulares por pagos realizados al exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato.
Según informaron hoy fuentes jurídicas, un juzgado de Madrid ha tomado declaración a los representantes legales de Telefónica y Lazard en una pieza separada de la investigación del caso Rato.
En esta parte de la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, han declarado ya como investigados el secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, y el consejero delegado de Lazard en España, Pedro Pasquín, en relación a las irregularidades en los pagos efectuados a Rato por sus labores profesionales en dichas compañías.
En su informe, la Agencia Tributaria española ponía el foco en el contrato por el que Rato percibía su sueldo de Telefónica a través de su empresa Kradonara 2001, y subrayaba la existencia de el riesgo de que el “objetivo principal” era evitar la tributación de dichos importes.
Por ello el fisco español, según consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso Efe, propuso la imputación del dirigente de Telefónica Sánchez de Lerín, que firmó los acuerdos entre la multinacional española y Kradonara, para aclarar cuáles fueron los servicios realizados por Rato, quién ordenó su contratación y cuáles fueron los criterios para su elección.
Sobre el banco de inversión Lazard, el juez investiga el pago de cerca de 6,2 millones al exministro entre 2011 y 2013, supuestamente en concepto de indemnización, ya que en el pasado había trabajado en este banco de inversión, así como un préstamo que le concedió esta entidad en la época en la que Rato -ministro español de Economía de 1996 a 2004- ya era presidente de Bankia.
Estos hechos ocurrieron en la misma etapa en que Lazard fue contratada como asesora en la salida a bolsa de Bankia (2011) -una entidad bancaria parcialmente nacionalizada-, por los que la acusación considera la existencia de un delito de cohecho o corrupción entre particulares.
Junto con esta causa, el exdirector gerente del FMI tiene varias causas pendientes ante la justicia española, que investiga el uso de tarjetas opacas de la entidad Bankia bajo su dirección, y por las presuntas irregularidades por la salida a bolsa de esta entidad.
EFE/Foto: archivo