El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizará este jueves 13 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, la audiencia de evaluación del requerimiento de prisión preventiva que ha solicitado la fiscalía.
Este pedido tiene como objetivo a Betssy Chávez Chino, la exministra implicada en los hechos del 7 de diciembre del 2022, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos formalizó esta solicitud, planteando un plazo de 18 meses de detención. La representante del Ministerio Público fundamenta su petición señalando que la señora Chávez incumplió tanto el registro biométrico periódico como su asistencia a las sesiones del juicio oral que se sigue en su contra.
Solicitud de salvoconducto presentada por México para Chávez sigue en evaluación
Evaluación judicial por incumplimiento de restricciones ⚖️
En su argumentación, la representante del Ministerio Público indicó que: “La prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad”.
La fiscalía sostiene la necesidad de cambiar la medida de comparecencia por la prisión preventiva, alegando un incumplimiento flagrante de las normas de conducta impuestas. La sustentación fiscal detalla que: “Tras el incumplimiento de todas las restricciones impuestas a la acusada Betssy Chávez Chino, es decir, la obligación de registrar su control biométrico cada 7 días (…) La obligación no de ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado (…) y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerida (….) demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra”.
Sobre Chávez Chino ya había recaído una orden de prisión preventiva por 18 meses, pero esta medida cautelar fue posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional, ordenando su inmediata excarcelación.
| Aspecto legal en disputa | Postura de México (Estado asilante) | Postura de Perú (Estado territorial) | Impacto periodístico y legal |
| Calificación del Delito (Art. IV) | Sostiene el carácter político del delito o la persecución. La Convención le permite la calificación unilateral. | Argumenta que Chávez está siendo procesada por delitos comunes graves (vinculados al golpe de Estado). | Es el origen de la disputa. Perú considera que se usa el asilo para evadir la justicia ordinaria. |
| Obligación de Salvoconducto (Art. XII) | Exige que Perú emita el salvoconducto como obligación derivada del tratado para garantizar la salida segura. | Ha aplazado la decisión de otorgarlo. Remite el caso a la OEA para consultas, buscando revisar el alcance de la Convención. | El aplazamiento genera tensión. Una negativa final podría llevar a una denuncia de México ante instancias internacionales. |
| Relaciones Diplomáticas | El ejercicio de su derecho de asilo llevó a la ruptura de relaciones con Perú, elevando el caso a crisis bilateral. | Mantiene su posición de que el asilo es una interferencia en asuntos internos y judiciales, justificando la ruptura. | El caso tiene un alto perfil internacional y expone las debilidades o ambigüedades del derecho de asilo en la región. |
Asilo diplomático y respuesta del Gobierno peruano 🇵🇪
Tras varios días de ausencia en el proceso judicial y sin que se tuviera conocimiento de su ubicación, el excanciller Hugo de Zela confirmó el lunes 3 de noviembre que la exministra de Pedro Castillo había recibido el asilo político en la sede diplomática de México.
El Gobierno nacional anunció el viernes pasado que elevará el caso de la situación de asilo de Betssy Chávez ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras se resuelve este proceso diplomático, la administración ha optado por suspender temporalmente su decisión sobre la emisión del salvoconducto. Dicho documento es indispensable para que la exfuncionaria pueda dejar la legación diplomática y salir del país.
Perú mantendrá a Bettsy Chávez Chino en la embajada de México sin un plazo definido
Foto Andina