El Estado peruano, históricamente centralista y burocráticamente ineficaz, no fue una víctima pasiva de este proceso; en muchos momentos, operó como facilitador o socio estratégico. Al dejar vacíos institucionales en las zonas de mayor riqueza y menor control, el Estado entregó la regulación del mercado a la coerción de las mafias.
Los orígenes en el Alto Huallaga (1970-1980)
El Perú se convierte en la despensa global de pasta básica de cocaína.
La simbiosis: los clanes locales articulan la logística para los cárteles colombianos. El quiebre criminológico ocurre cuando Sendero Luminoso y el MRTA establecen el «cobro de cupos» a los narcotraficantes.
Impacto: nace el narcoterrorismo, la primera gran estructura ilícita peruana con dominio territorial, poder de fuego de guerra y una base económica globalizada.
El injerto táctico y la cúpula estatal (1990)
La privatización de la fuerza: tras el conflicto interno, decenas de exmilitares y expolicías son absorbidos por bandas de asalto y secuestro como «Los Destructores». El hampa civil adquiere tácticas de inteligencia y armamento militar.
El Estado criminal: la red de corrupción de Vladimiro Montesinos demuestra que la mayor organización criminal no operaba al margen de la ley, sino desde el corazón del Estado, instrumentalizando a las Fuerzas Armadas y al Poder Judicial.
Inseguridad ciudadana: Gobierno declara en estado de emergencia cinco penales del país
Fragmentación y nuevas rentas (2000-2015)
Mutación: con la caída del régimen fujimorista, el crimen se atomiza. En la costa norte, surgen los seudosindicatos de construcción civil, institucionalizando la extorsión sistémica contra el sector privado.
El nuevo oro: la minería ilegal en Pataz y Madre de Dios financia la consolidación de un «feudalismo criminal». Aquí, el Estado de derecho desaparece, reemplazado por economías de enclave protegidas por sicarios.
Hiperviolencia transnacional (2018-Actualidad)
Importación táctica: la llegada de estructuras extranjeras (ej. Tren de Aragua) no crea el crimen en Perú; encuentra un ecosistema informal ya maduro.
Innovación criminal: introducen el sicariato mediático (violencia expresiva para aterrorizar) y sistemas financieros informales («gota a gota»), consolidando gobiernos paralelos en zonas urbanas populares.
Inseguridad ciudadana: alistan plataforma encriptada para denunciar las extorsiones
La falacia del populismo punitivo
Desde la filosofía del derecho, el argumento del Estado para enfrentar esta crisis es profundamente defectuoso. La narrativa oficial insiste en combatir el problema exclusivamente mediante el endurecimiento de penas o declaratorias de emergencia.
El crimen organizado es un problema moral o de pura indisciplina que se soluciona con represión. Sin embargo, la duda metódica nos obliga a ver la realidad: estas mafias operan bajo una estricta racionalidad económica. Proveen «orden», financiamiento («gota a gota») y «justicia» (sicariato) allí donde la institucionalidad oficial es inoperante. Mientras no se cuestione y resuelva la informalidad estructural y la venalidad del aparato público, la respuesta punitiva estatal seguirá siendo una ficción narrativa sin efecto práctico.
Gobierno anuncia comando unificado entre las Fuerzas Armadas y la PNP contra el crimen
Foto Andina