Desde este miércoles 29 de abril, el Poder Ejecutivo renovó la vigencia del estado de excepción en la capital y el primer puerto por un periodo de dos meses. Esta disposición busca combatir la inseguridad ciudadana mediante operativos dirigidos por la Policía Nacional, los cuales contarán con el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el orden público.
Estrategia basada en inteligencia policial 📊
La norma, oficializada mediante el Decreto Supremo 062-2026-PCM en el boletín extraordinario de El Peruano, precisa que los agentes policiales encabezarán las acciones tácticas. Para ello, se han identificado puntos críticos utilizando herramientas como mapas de criminalidad y análisis de datos estadísticos sobre delitos en diversas jurisdicciones.
Bajo este marco legal, permanecen limitados ciertos derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, tales como la libertad de movimiento, la reunión pacífica y el libre tránsito. En consecuencia, cualquier evento de gran concurrencia, ya sea de índole social, deportiva o de culto, requiere de un permiso formal de las instituciones responsables para poder efectuarse. Aquellos encuentros de baja afluencia no necesitan dicha gestión.
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Control estricto de eventos masivos 👮
Sobre la ejecución de los operativos, la normativa es clara respecto a la jerarquía de las intervenciones. El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) tiene la responsabilidad de elaborar un balance detallado una vez concluya la extensión de la medida. Este documento, que debe entregarse en un plazo máximo de cinco días útiles tras finalizar el periodo, será enviado a los tres poderes del Estado para su evaluación técnica.
Financiamiento y rendición de resultados 💰
Respecto a la logística y los costos que implica el despliegue de seguridad, el presupuesto provendrá de los fondos asignados a los sectores participantes, con posibles inyecciones de capital gestionadas por la cartera de Economía y Finanzas. Esta inversión busca asegurar que la presencia de las fuerzas del orden sea efectiva en las zonas de mayor riesgo detectadas durante la prórroga.
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Foto Andina