La Junta Nacional de Justicia ha requerido la comparecencia de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela para rendir su testimonio el lunes 17 de noviembre, en el marco del Procedimiento Disciplinario 061-2025-JNJ. Esta actuación se lleva a cabo pese a que una medida cautelar otorgada por el Juzgado Constitucional ordenó paralizar todas las diligencias investigativas relacionadas con este asunto y ordenó la restitución de Espinoza en su puesto.
Según información publicada por Epicentro TV, la convocatoria fue notificada el 11 de noviembre de 2025 por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la institución disciplinaria.
El documento remite copia del Decreto 08, suscrito por la instructora María Teresa Cabrera Vega, en el que se fija que la fiscal comparezca mediante videoconferencia el 17 de noviembre a las 8:30 a. m. En el mismo acto se advierte que la diligencia se desarrollará bajo apercibimiento de prescindirse de su testimonio.
📋 Contexto de la reprogramación de la audiencia
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 08, esta nueva convocatoria se realiza porque Espinoza no ingresó a la sesión que había sido programada mediante el Decreto 06, fechado el 3 de noviembre de este año. Por esa razón, la instructora Cabrera Vega resolvió «otorgarle una nueva oportunidad para brindar su versión de los hechos», sostuvo mediante acto administrativo.
🔍 Otras comparecencias previstas en el procedimiento
El mismo decreto estableció que para el jueves 13 de noviembre comparezca Daniela Millones Campos, gerente de la Oficina de Integridad Institucional y Oficial de Integridad del Ministerio Público, quien deberá presentarse a las 14:00 horas ante la instructora Cabrera Vega. Ambas actuaciones, conforme se especifica en los documentos, buscan esclarecer los hechos y proteger el ejercicio del derecho a la defensa.
✅ Garantías en el proceso disciplinario
Las diligencias que se vienen efectuando en este procedimiento administrativo están orientadas tanto a lograr la plena investigación de los eventos como a asegurar que se respeten los derechos procesales de los involucrados, de conformidad con lo establecido en la normativa disciplinaria vigente.
Foto Andina