Que le informe sobre presuntos actos de obstrucción a la justicia cometidos por el procurador general interino, Javier Pacheco, solicitó a Freddy Niño Torres, fiscal del Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), el fiscal provincial José Domingo Pérez.
El pedido se concretó vía un oficio remitido a Niño Torres el viernes 22 de diciembre, a través del cual el fiscal del Equipo Especial Lava Jato le solicitó se informe sobre posibles actos obstruccionistas en las investigaciones fiscales seguidas en etapa de juicio oral de los casos “Metro de Lima-Línea 1”, “IIRSA Sur-Toledo”, “Aumentar Keiko 500” y “No revocatoria-Susana Villarán”.
“Lo solicitado en atención a la información de carácter público que da cuenta de los posibles actos de obstrucción e interferencia con el sistema de administración de justicia que viene cometiendo Javier Pacheco Palacios, tal como la desactivación de la Unidad de Defensa Jurídica contra altos funcionarios de la Procuraduría General del Estado a partir de su designación como procurador general del Estado interino”, se lee en el documento.
Como se sabe, el 16 de diciembre la presidenta Dina Boluarte designó a Javier Pacheco Palacios como jefe interino de la Procuraduría General del Estado (PGE), tras la suspensión temporal de Daniel Soria. Con poco más de una semana en el cargo, el abogado realizó varios cambios estructurales en la entidad, como la desactivación de dos unidades funcionales.
Se trata de la Unidad de Defensa Jurídica del Estado en casos seguidos contra altos funcionarios, la cual ve los procesos contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, entre otros; y la Unidad Funcional de Articulación Territorial, la cual atiende los requerimientos de las procuradurías públicas regionales y municipales, y se encarga de absolver directamente sus consultas.
La unidad contra altos funcionarios tiene 89 carpetas de investigaciones y procesos, e investiga a 72 congresistas, 34 ministros y exministros, 6 presidentes y expresidentes del Consejo de Ministros y otros 10 funcionarios.
En un memorando enviado el jueves 21 a la gerente general de la PGE, Aída la Rosa Sánchez, el procurador encargado explica que resulta necesario desactivar ambas unidades y así “centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos” con el fin de optimizar recursos y esfuerzos. Asimismo, señala que es facultad del procurador general del Estado denunciar a altos funcionarios.
Finalmente, la gerente general de la institución, al día siguiente del requerimiento, emitió la resolución a través de la cual se desactivaron las referidas unidades y se dispuso que los responsables salientes adopten “las acciones necesarias para la transferencia de los documentos de los archivos de gestión en el plazo máximo de 05 días hábiles” a la presidencia ejecutiva de la PGE.
Con información de RPP
(JA)
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